El gobierno de Axel Kicillof comenzó a desplegar argumentos para defender la Ley Impositiva que deberá discutir la Legislatura bonaerense en las próximas semanas. Ese instrumento es el que permite modificar las políticas tributarias provinciales y el que fija los parámetros sobre los gravámenes que pagan los bonaerenses.
Según informó este martes el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación (Arba), Cristian Girard, el 90% de los bonaerenses dueños de autos pagaran una patente con aumento de hasta el 13,8%. “Muy por debajo de la pauta inflacionaria proyectada para el póximo año”, según aclaró el funcionario. Para el Gobierno nacional, la inflación de 2025 rondaría el 18%.
Pero además, ARBA decidió que los contribuyentes podrán acceder a una reducción adicional del 15% en su pago final: 5% para quienes no acumulen deuda y 10% por pago anual, que se sumarán a los beneficios vigentes. De esta manera, explicaron las autoridades, “la propuesta no solo evita un aumento desmedido, si no que permite que algunos puedan pagar menos que en 2024”.
Para ponerlo en números que se puedan entender. El propietario de un vehículo que este año abonó $100.000 en total (sumando las cuatro cuotas) tendrá una liquidación de $113.800 para 2025. Pero, si está al día (sin facturas atrasadas) y lo cancela con el vencimiento de enero obtendrá un 15% de descuento: o sea terminará afrontando un costo de $96.730.
Ese sería un caso en el que tributaría incluso menos que en 2024, ejercicio en el que Arba estuvo autorizado a indexar las cuotas por inflación.
Este año, la Legislatura aprobó aumentos con techo en el 200% para los “impuestos patrimoniales” (Automotores e inmobiliarios) pero hubo casos en que se pagaron con diferencias de hasta 285%. Es que además del “impuestazo” la agencia quitó los beneficios por pago adelantado, buen cumplimiento y por “boleta por mail”.
Buenos Aires tiene registrados 1.892.157 dominios con menos de 10 años de antigüedad. Sobre esos bienes se aplica el impuesto a los automotores. El 90% de ese parque pagaría como máximo un 13,8% según la estimación oficial. Los otros son coches que tienen una valuación fiscal superior a los $31 millones y por lo tanto se les aplica otra alícuota. También hay un segmento de vehículos patentados antes de 2014 que pagan tributo en los 135 municipios (está descentralizado el cobro).
2024 tiene el número de autos registrados más bajo de los últimos siete años. En 2017 había 2,8 millones. Fue el pico máximo. Se perdieron casi un millón de matrículas por recesión económica.
Otro dato que exhibe Girard del esquema impositivo: el aumento del Impuesto Inmobiliario Urbano será de $2 mil pesos por cuota para el 70% de los contribuyentes. Ese gravámen se cobra en cinco tramos anuales. Este año hubo una cuota extra para propiedades valuadas en más de U$S650.000, a quienes le cobraron una sexta liquidación equivalente al monto de la última emitida.
Eso provocó una reacción en algunos sectores que se quejaron por un “aumento del 100%” en la última cuota. Claro, eran dos juntas, que fueron habilitadas por la ley impositiva que votaron a principios de este año los legisladores.
Ahora en los bloques opositores tomaron algunas previsiones. “Queremos leer con detenimiento y en detalle cada artículo porque en el último proyecto nos pusieron “letras chicas” que provocaron aumentos desmedidos”, dijo a Clarín el diputado provincial Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal).
Esta semana, Girard expondrá ante las comisiones de ambas cámaras. Deberá enfrentar otros cuestionamientos. Los senadores Alejandro Rabinovich y Cristian Gribaudo, del Pro analizaron con la mesa provincial del partido el detalle del proyecto y adelantaron su oposición: “este plan no solo aumenta la carga fiscal sobre los bonaerenses que trabajan e invierten, sino que también perpetúa la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos, comprometiendo el futuro de la provincia”, dijeron los senadores.
Y evaluaron que de aprobarse como la envió el Gobernador “se agravará la presión fiscal sobre los bonaerenses al otorgar poderes discrecionales a ARBA (Artículo 163) para aumentar impuestos sin control legislativo y perpetuar alícuotas que castigan al campo, la producción y los servicios. Además, se recortarán fondos destinados a la seguridad en plena crisis de inseguridad, mientras el gobierno pide endeudarse nuevamente sin haber rendido cuentas claras sobre el destino de los fondos obtenidos en 2024 por esa misma vía”.
Arba explicó antes de la reunión que el proyecto de Ley Impositiva mantiene los topes de aumento del 28% anual para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Además, conserva sin modificaciones las alícuotas de Ingresos Brutos que impacta sobre los sectores productivos. Se eliminó el cobro obligatorio de anticipos a grandes empresas (que este año se aplicó en marzo y alcanzó a 2.000 contribuyentes) y la cuota adicional en los impuestos patrimoniales.
Se mantiene el Régimen Simplificado que beneficia a un millón de monotributistas, mientras que tributos como Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes conservarán sus alícuotas sin ajustes adicionales.
La Provincia ya envió el Presupuesto 2025 que prevé una inversión de 32 billones de pesos y un endeudamiento de un 1,1 billón de pesos. La recaudación propia representa más del 50% de ese monto.