“Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación del Gendarme Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática a través de las misiones internacionales pertinentes, el ex embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Óscar Alberto Laborde —designado por el entonces presidente Alberto Fernández—, inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle “una carta” a Gallo, con la colaboración del Gobierno de Venezuela”, denunció el Ministerio de Seguridad de la Nación a la Justicia argentina.
En el escrito judicial, la cartera liderada por Patricia Bullrich señaló: “El obrar del imputado Laborde no fue una “cuestión humanitaria”, como él pretende presentarlo en los medios. Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme “desaparecido”, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto “ingreso irregular” que abonaría la inventada sospecha de “espionaje”, además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada”.
En el mismo documento, el ministerio destacó: “Más que una “gestión humanitaria”, la conducta del ex embajador denunciado es todo lo opuesto, ya que actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina. La información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro”.
“Su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al gendarme Gallo, presentando como “humanitario” a un gobierno dictatorial, y como “fascista” a nuestro gobierno democrático, al presentar el caso como un ingreso ilegal destinado a intervenir en un país extranjero mediante un “servicio de espionaje”con una Fuerza de Seguridad en forma ilegítima. Ese obrar, pretendiendo “dar vueltas las cosas”, presentando como “humanitario” a un gobierno verdaderamente criminal, arrogándose facultades de representación internacional que, claramente, ya no posee, adecua su obrar al tipo penal de Traición a la Patria, tal como ahora lo denunciamos formalmente”, concluyó el escrito.
Según el área de Seguridad, Laborde traicionó los intereses del país con la intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del oficial desaparecido. De esta manera, de acuerdo a lo presentado a la Justicia, el ex diplomático pretendió manipular el caso dando a entender de que se trató de una infiltración de un espía en el Estado venezolano.
“La responsabilidad del imputado es mayor, ya que su deber de la defensa de los intereses nacionales es mayor, por la jerarquía del tan alto cargo diplomático desempeñado, intereses que fueron depuestos en prioridad de mezquinos intereses políticos, con el único fin de desprestigiar y comprometer indebidamente a nuestro país, beneficiando a un gobierno que ha desplegado conductas criminales que lo comprometen internacionalmente”, sostiene el ministerio del Gobierno Nacional.
La acusación de Traición a la Patria está contemplada en el artículo 119 de la Constitución Nacional y solo podría aplicársele a aquellos que tomaran las armas contra la Nación, o prestaran ayuda a sus enemigos. Según el ministerio encabezado por Bullrich, el delito deber ser analizado e interpretado en su integralidad, tomando en cuenta el artículo 29 de la CN, ya que la traición consiste en una deslealtad al Estado argentino como ente jurídico y políticamente organizado, sin la necesidad de un estado de guerra declarado.
Nahuel Gallo, aprovechando su licencia anual, ingresó a Venezuela el 8 de diciembre de 2024, cruzando el Puente Internacional Simón Bolívar desde la ciudad Cúcuta, Colombia, que conecta con el pueblo venezolano de San Antonio de Táchira. El oficial viajó para ver a su mujer y a su pequeño hijo , que se encontraban en ese momento visitando a la madre enferma de la pareja.
Conforme a lo manifestado por la familia, en el control fronterizo le quitaron su celular, el equipaje y lo hicieron esperar porque le iban a tomar una entrevista. Según lo declarado por un remisero que traslado al gendarme, el muchacho fue privado de su libertad y fue llevado en un vehículo de color negro, desconociendo el organismo que realizó la detención, perdiendo todo tipo de contacto desde esa fecha.
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por R.N.