Isidro Álvarez (64), el encargado de un edificio del barrio porteño de Núñez acusado de abusar sexualmente de siete niñas, lleva cerca de catorce meses encerrado. Está preso desde el 27 de octubre de 2023 y apenas termine la feria judicial comenzará a ser juzgado.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal, integrado por los jueces Jorge Romeo, Javier de la Fuente y Federico Salvá. Está previsto su inicio para el día miércoles 12 de febrero a las 9.30 de la mañana. En principio se llevarán a cabo cuatro audiencias en total y podría concluir el martes 24 del mismo mes.
El portero llega acusado por todos estos delitos: abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, todos reiterados y en concurso real entre sí, agravados por encontrarse encargado de la guarda y por tratarse de víctimas menores de 13 años, los cuales a su vez concursan idealmente con el delito de corrupción de menores agravado.
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En el debate oral declararán las siete víctimas y también sus familiares, amigos, psicólogos y especialistas que las asistieron a partir de los abusos que sufrieron entre los años 1995 y 2019. En caso de ser hallado culpable podría recibir una pena de seis a quince años de prisión.
«Acompañamos a las víctimas desde la primera denuncia. Pasamos un montón de etapas hasta conseguir la detención, que fue muy compleja, y ahora por suerte llegamos a la instancia del juicio. Siempre tratamos de proteger a las víctimas, y buscamos que con este juicio puedan cerrar una etapa muy dolorosa de sus vidas», dice a PERFIL María de los Ángeles Giménez, la abogada que asiste a las damnificadas.
La víctimas, con asesoramiento gratuito de la UBA
Las víctimas que están citadas para el juicio son asesoradas con el patrocinio gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Tanto Giménez como Walter Reinoso, a cargo de la comisión 1309 ‘Derecho Penal Juvenil’ del Centro de Práctica Profesional, acompañaron a las denunciantes desde que se abrió la causa con dos denuncias, y en pocos meses se sumaron otras cinco más.
La Facultad de Derecho recibe cerca de 15 mil consultas por año. «Tenemos en el patrocinio más de 7 mil causas judiciales y administrativas en trámite. Son 105 comisiones y hay aproximadamente 300 docentes y cerca de 2.200 alumnos», cuenta Oscar Zoppi, secretario de extensión universitaria de la UBA.
La comisión tiene un papel fundamental al proporcionar un espacio de apoyo y asesoramiento a aquellos que, de lo contrario, se encontrarían en desventaja frente a los desafíos legales.
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La acusación contra Isidro Álvarez
Álvarez fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el 27 de octubre pasado, tras una investigación judicial que demandó más de dos años y en la que al menos siete de sus víctimas contaron los padecimientos que sufrieron cada vez que entraban a la portería del noveno piso del edificio de la calle Cuba al 2900, en el barrio porteño de Núñez.
Sus víctimas -hijas de familiares, amigas de su propia hija y hasta menores que cuidaba su mujer- tenían entre 7 y 11 años cuando fueron sometidas sexualmente. Muchos de los ataques -según consta en la causa- ocurrieron en el interior del departamento que ocupaba el portero, pero también en el cuartito del edificio donde guardaba los elementos de trabajo y hasta en el ascensor.
La causa se inició en mayo de 2021 cuando una de sus víctimas decidió contar su historia en la Justicia. Más tarde comenzaron a sumarse más denuncias.
Una de las niñas, que era compañera de colegio de la hija mayor del portero, relató que fue sometida sexualmente de “manera reiterada y sistemática, entre una y dos veces por semana, entre los años 1995 y 1998”.
“Cada vez que iba a comprar o realizar mandados, el portero me abría la puerta y luego se metía conmigo en el ascensor donde me bajaba la bombacha y me tocaba con sus manos. Esto sucedió en reiteradas oportunidades en el mismo lugar. Jamás me animé a contar lo que sucedía por miedo a que no me crean como también por la reacción de mi familia”, relató una de las damnificadas.
El acusado nació en Paraguay, pero hace 34 años que está radicado en Argentina y 43 que está en pareja con María Antonia Vega Méndez, concubina y testigo de muchos de los abusos.
En diciembre del año pasado la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido de excarcelación solicitado por su defensa al entender que existía riesgo de fuga y amenaza de amedrentamiento a las víctimas.
El principal temor es que pueda evadir la acción penal por sus reiterados viajes a Paraguay, su país de origen. «Las salidas y entradas a Paraguay, que fueron informadas por la Dirección Nacional de Migraciones, demuestran que el acusado cuenta con los medios necesarios para ausentarse de Argentina e impiden descartar que posea vínculos en el exterior que podrían facilitar su evasión”, destacaron los camaristas en su resolución.
Para los jueces de la Sala IV, “la escala penal resultante para el concurso de delitos por el que fuera procesado” el portero “excede holgadamente los márgenes contemplados en ambas hipótesis”.
Al acusado “se le atribuyen numerosos actos contra la integridad sexual de siete niñas que se encontraban bajo su cuidado, ya sea dentro de su domicilio, del de las menores o en el interior del edificio en el que se desempeña laboralmente como encargado de portería, aprovechándose de su conocimiento del lugar y de la vulnerabilidad de las víctimas, que tenían entre 7 y 13 años”.
LT
Alvarez nunca aceptó responder preguntas. Solo hizo una exposición por escrito en la que negó todos los cargos. “Ninguno de los hechos denunciados sucedieron o, al menos, no he sido yo quien los cometió, por lo que, desde ya, sostengo mi inocencia”, dijo en el transcurso de la investigación. En febrero próximo tendrá la oportunidad de hablarle al tribunal. O callarse para siempre.