El Gobierno de Javier Milei nuevamente estableció el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a través de un decreto, dejando en ridículo al Consejo del Salario y reforzando la baja en el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, especialmente de aquellos que viven en la informalidad y de quienes perciben algún tipo de beneficio o subsidio estatal.
En la última reunión del Consejo del Salario, que reúne a las tres centrales obreras y a las cámaras empresarias, no se logró llegar a un acuerdo sobre el aumento del haber básico, que hasta ayer era de $ 271.572. Ante esto, el Presidente decidió intervenir por decreto, como ya lo hizo en otros momentos del año. Algo que en teoría podría ir en contra de su “filosofía” de “libre acuerdo” entre patronales y sindicatos, pero que desnuda sus verdaderas intenciones contra las condiciones de vida de la mayorías trabajadoras.
A través de la Resolución 17/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial, Milei decreta un aumento de sólo $ 8.146 en el SMVM para diciembre, con ajustes posteriores que lo llevarán a $ 296.832 en marzo de 2025. El ajuste se condice con las pretensiones que habían manifestado los dueños de las corporaciones económicas (que en su amplia mayoría bancan al gobierno de La Libertad Avanza) y dista muchísimo de los $ 572.000 que habían solicitado las conducciones sindicales.
Así, a partir de marzo de 2025 el SMVM tendrá el valor real más bajo en dos décadas, con una caída del 17,8 % respecto a diciembre de 2023 y del 39 % en comparación con finales de 2019. Más allá del aumento “nominal”, en lo concreto este ajuste refleja una caída real del salario mínimo, lo que pone en evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en el primer año de gobierno libertariano y en un contexto en el que la inflación no deja de ser muy alta.
Así, con la devaluación implementada por ministro de Economía Luis Caputo apenas asumido el Gobienro hace poco más de un año y con los aumentos miserables por decreto del SMVM, se consolida la caída libre de los ingresos populares desde 2011 y sin señales de recuperación. Con incrementos que no logran seguir el ritmo de la inflación, las y los trabajadores están cada vez más desprotegidos.
Mientras las conducciones de la CGT y de las dos CTA habían pedido un incremento significativo del salario mínimo, proponiendo que pase de los actuales $ 270.000 a $ 572.000, el empresariado liderado por la Unión Industrial Argentina (UIA) se había plantado en un “aumento” escalonado que llevaría el salario a $ 278.000 en diciembre a $ 284.000 en enero, $ 290.000 en febrero y $ 295.000 en marzo.
Ante estas posiciones el secretario de Trabajo, Julio Cordero, le pidió al Presidente que decida. Finalmente, Milei firmó la Resolución con el aumento sugerido por Daniel Funes de Rioja, representante de la UIA. O sea, la decisión oficial es provocar una pérdida del poder adquisitivo del 17,8 % en comparación con diciembre de 2023, lo que refleja un deterioro significativo en las condiciones de vida de los trabajadores.
Según Luis Campos, abogado laboralista de la CTA Autónoma y director del Observatorio del Derecho Social, esta medida representa un retroceso significativo para los trabajadores de menores ingresos. “En los años 90, el SMVM equivalía al 25 % del salario promedio del sector privado registrado. En 2009, alcanzaba el 45 %. Hoy, no llega ni al 20 %”, expresó desde su cuenta de X. Y destacó que, en un contexto de creciente desigualdad salarial, donde algunas actividades lograron superar la inflación mientras otras sufrieron pérdidas significativas, utilizar el SMVM como herramienta de ajuste es una decisión perjudicial. “Es una invitación al ‘sálvese quien pueda’”, sentenció.
Vale recordar que el salario mínimo actual representa apenas una cuarta parte de lo necesario para cubrir la línea de pobreza, que según el Indec se encuentra en $ 1.001.466. Y que el SMVM también sirve como “referencia” tanto para los salarios iniciales de quienes tienen empleos informales y/o no sindicalizados (por una jornada de ocho horas) como para quienes perciben algún tipo de ingreso del Estado, desde planes y programas sociales hasta la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Conicet) de la Universidad de Buenos Aires, el mercado laboral formal sufrió la pérdida de más de 200.000 empleos entre septiembre de 2023 y junio de este año. Aquel informe del IIEP-Conicet destaca que la tendencia decreciente del SMVM se ha profundizado con la devaluación implementada por Caputo en diciembre, lo que ha erosionado aún más el poder adquisitivo de los trabajadores.
La caída del Salario Mínimo Vital y Móvil desde el año 2011, sumada a la marcada contracción que se ha registrado en los últimos meses, ha llevado a que este indicador se ubique entre los niveles más bajos de su serie histórica, exceptuando los primeros años de la convertibilidad y su posterior crisis.
El “ajuste más grande de la historia”, promovido por Milei y Caputo con el objetivo de alcanzar el “déficit cero” y satisfacer las demandas del FMI y los mercados financieros, no es más que una maquinaria que empuja a millones de personas hacia la pobreza, más allá de los recientes números difundidos por el Gobierno que hablan de un incipiente descenso de esos índices en la última parte del año.
En este contexto, las dirigencias de la CGT y las CTA han permitido que estas políticas de ajuste avancen sin resistencia, lo que evidencia la necesidad urgente de recuperar los sindicatos para poner fin a esta tregua cómplice con el Gobierno. Es momento de organizar un plan de lucha que enfrente el ajuste impulsado por Milei y el FMI. Es fundamental recuperar lo perdido y garantizar que los salarios, jubilaciones y asignaciones estén ajustados a la inflación. Además, se debe exigir un salario mínimo que, como base, sea equivalente al costo de la canasta básica familiar.