En el festival del gasto público que protagonizaron todos los gobiernos en las últimas tres décadas, los municipios han llevado buena parte de la batuta. Escondidas en el precio final, las tasas por comercio e industria (entre otros agregados varios) le han agregado presión fiscal a toda la cadena productiva, con especial énfasis en el eslabón final de comercialización.
También han inventado fondos varios sobre la contribución que aplica a los inmuebles.
El ministro de Economía de la Nación Luis Caputo empezó primero por objetar el cobro de tasas sobre los servicios públicos. Fue en octubre pasado.
Ahora les pidió expresamente a los gobernadores que tomen cartas en el asunto. Sin vueltas, les solicitó que les suspendan el envío de coparticipación a los intendentes que apliquen tasas abusivas e ilegítimas en sus distritos.
¿Alguno recogerá el guante? ¿Es factible eso? ¿Cuán relevantes son las tasas municipales en el conjunto global de costos de una empresa?
“Son muy relevantes en cualquier contexto, pero mucho más ahora que discutimos cómo Argentina va a ser competitiva frente al mundo sin devaluaciones por delante”, sostiene el economista Gastón Utrera, titular de Economic Trends.
“El costo tributario, al que antes a lo mejor no se le prestaba atención porque el foco estaba en lo financiero, ahora empieza a ser extraordinariamente relevante a la hora de competir. Y es nociva porque necesitamos bajar costos para ser competitivos”, insiste.
Utrera trabaja codo a codo con diferentes cadenas productivas en la provincia, donde recoge el mismo reclamo: si el dólar no se va a mover –”y está claro que no es la solución porque nos empobrece”, subraya- hay que trabajar en todos los demás costos.
La Unión Industrial de Córdoba (UIC), Fedecom y la Cámara de Comercio de Córdoba abrieron meses atrás el reclamo en Córdoba. El Banco de la Nación Argentina cuestionó abiertamente las tasas abusivas y fue directo: o las bajan o cierro las sucursales.
Su planteo fue dirigido a La Pampa, General Cabrera y la ciudad de Córdoba. Recurrió incluso a la Justicia Federal, que aceptó la jurisdicción y le concedió el reclamo: por seis meses la Municipalidad de Córdoba no le puede cobrar la tasa del 7,75% que pesa sobre la actividad financiera. Es de esperar que negocien.
Esas tasas son invisibles para el ciudadano común. Al igual que ocurre en la Provincia, las ciudades aplican diferentes alícuotas por sector de actividad y con los años, a la tasa original le fueron agregando otras sobretasas o adicionales para un destino específico.
Así, se ha elevado a niveles estrafalarios la presión tributaria, con una complejidad asombrosa. Algunos agregan un coeficiente que sube a medida que aumenta la facturación. Casi nadie cobra un cargo fijo que guarde proporción con el costo del servicio prestado, como si fuese las expensas de un edificio común.
La que cobra la Municipalidad de Córdoba sobre el sector financiero es un ejemplo del disparate: la contribución sobre el comercio es del 5%, pero se cobra una alícuota adicional del 30% por el Fondo Solidario de Inclusión Social (1,5 punto extra) más otro 1,25 punto sobre el 5% “por la promoción, difusión, incentivación, o exhibición de la actividad gravada”, según indica el artículo 19 del Código Tributario local.
Así, llega al 7,75%. Eso es más que los sueldos que demandan las sucursales del Nación en la Capital de Córdoba, según objetó la entidad.
“Hay tributos nocivos para la actividad. Comercio e Industria más que una tasa es un impuesto que recae sobre la facturación de la empresa, de la misma manera que lo es Ingresos Brutos o el impuesto al cheque”, dice Utrera.
Arbitrariedad
El cuestionamiento del sector privado es que las tasas son arbitrarias y desproporcionadas en relación al servicio que prestan. Los servicios que, por ejemplo, demanda el Banco Nación son iguales al de un comercio de al lado con superficie similar pero menor facturación. Y sin poner en discusión, por caso, que las billeteras virtuales hoy no pagan ese impuesto porque no tienen sucursal física y compiten mano a mano con los bancos.
“Nosotros planteamos que pagamos alrededor del seis por mil de la facturación en una actividad comercial, además pagamos el alumbrado, barrido y limpieza por el inmueble y además pagamos en algunos municipios tasa de Seguridad e Higiene”, se queja Fausto Brandolín, titular de Fedecom, que agrupa a todos los comercios del interior provincial.
“Se lo cobran a los comercios que tienen riesgo y se supone que deben ofrecer contraprestación para mitigar los riesgos del comercio, pero no… va a rentas generales”, agregó Brandolín.
Hay dos objeciones que la entidad plantea hace tiempo: el recargo del 10% sobre la luz y el Fodep, que es un Fondo para Obras de Desarrollo Energético, ambos sobre la boleta de energía.
“El gran peso de este impuesto castiga de una forma impresionante a los electrodependientes como una carnicería en relación a una tienda o un baldío”, dice.
“Epec dice que es eficiente, paga por eficiencia a sus empleados pero para hacer las obras le cobra el 10% a sus usuarios. Si yo tengo que hacer una obra, la pongo en el precio de lo que vendo”, subrayó el titular de Fedecom.
En detalle
Un trabajo de mayo del 2024, de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), abordó la presión efectiva sobre una serie de sectores económicos tanto de la Provincia como de los municipios.
Según este Monitor Tributario, el conjunto de los 25 municipios más relevantes de la provincia -ponderando cada indicador municipal según la participación del PBG de su departamento- el indicador de carga tributaria municipal es del 1% del total de ventas brutas, con sus matices.
Villa Carlos Paz, por ejemplo, es la que más grava la minería, con el 2,1%; seguida de Mina Clavero con el 1,3%. Mina Clavero está en el primer puesto del gravamen sobre la industria, con el 1,3%, seguida de Villa de María con el 1,2% y la Capital con el 1%.
En electricidad y agua, Mina Clavero cobra el 3,8%; San Francisco el 3,1% y Río Tercero el 2%. En la construcción, San Francisco es la más cara, con el 1,5%, seguida de Alta Gracia y Capital ambas con el 1,4%.
Mina Clavero también es la más cara para el comercio, con el 1,6%; seguida de Villa de María con el 1,3% y San Francisco con el 1,2%. En transporte y comunicaciones, Villa María es la que más grava, con el 1,9%; seguida de La Carlota con el 1,7% y Mina Clavero con el 1,6%.
Villa María y Río Segundo le cobran el 1,7% de tasa a los restaurantes y Villa Carlos Paz, por ejemplo, 0,9%. La ciudad de Córdoba el 1,3% y la más barata es Villa Dolores, con el 0,4%.
Lejos, la que más grava la actividad financiera es la ciudad de Córdoba con el 7,75%, aunque todos son duros con el sector: San Francisco y Villa María 4,9%; Río Segundo 4,2% y Río Cuarto 3,9%.
Río Cuarto es la más cara en los servicios inmobiliarios (1,9%) seguida de Córdoba, con el 1,8% y Villa María con el 1,7%. También Río Cuarto tiene el primer puesto en el gravamen sobre los servicios sociales (1,3%) seguida Villa de María con el 1,2%.
Todas gravan también el consumo de luz y de agua. En octubre del 2024 dejaron de cobrar el que regía sobre el gas, dado que es de jurisdicción plena de Nación.
“Los municipios son autónomos, son los que tienen relación directa con el vecino y prestan servicios que no presta la Nación”, defiende Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública de la ciudad de Córdoba.
En el Gobierno provincial no tienen un relevamiento de las tasas que cobran los intendentes, menos si han aumentado o no se condicen con la prestación.
Desde el Centro Cívico indicaron a La Voz que el tema se discutirá en el Consejo Federal de Inversiones y no hay ni miras de suspender la coparticipación, como pide el ministro Caputo.
El gobierno de Martín Llaryora defiende el cobro de la tasa del 10% sobre la luz y del 16% sobre el agua amparado en la ley provincial 10.545 del 2018.
Esa ley topeó el cobro en el 10% sobre la energía eléctrica y del 15% en ciudades de menos de 15 mil habitantes, aunque terminó legitimando ese adicional.
“El problema de fondo está en la desconfiguración del régimen federal. Cuando algo anda mal, en lugar de arreglarlo, generamos otro organismo que haga lo mismo. Así, ves el organigrama de funcionamiento del municipio y es igual al provincial y al nacional”, advierte Osvaldo Giordano, hoy titular del Ieral de Fundación Mediterránea, pero ministro de Finanzas de Córdoba hasta el 2023.
Así, se han hecho “megaestados” locales que empiezan a gravar lo mismo que hacen las provincias y Nación. Viene entonces el solapamiento de impuestos.
“Encima, las potestades tributarias están más acotadas, porque la tasa no es un impuesto, es un tributo que tiene que estar atado a un servicio concreto al ciudadano, con lo cual están todos en la ilegalidad y es la Justicia la que debiera suspenderlas”, advierte.
Lo que cobran los municipios
No sólo la actividad productiva está gravada con sobretasas porcentuales que afectan la competitividad. El trabajo de la UNC sobre los 25 municipios más relevantes arrojó que:
Alta Gracia. Aplica una sobretasa del 13% sobre la contribución de los inmuebles destinada a obra pública y otra del 3,7% a la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
La ciudad de Córdoba aplica un Fondo Solidario de Inclusión Social del 10% a todas las alícuotas de esta contribución. En el caso de grandes contribuyentes, el adicional del Fondo asciende al 25% y para las entidades financieras resulta del 30%. También cobra por un Fondo de Apoyo a la Infraestructura Deportiva y Aportes Programas para Personas con Discapacidad.
Bell Ville. Aplica una sobretasa del 5% para el Fondo Especial Patrimonio Histórico/ Cultural y Desarrollo Urbanístico.
Carlos Paz. Aplica una sobretasa del 8% por publicidad y la agrava según cantidad de avisos publicitarios).
Cruz del Eje. Hay un adicional del 15% para un fondo de obra pública, y un adicional cuyo destino específico es la construcción y/o mantenimiento de los edificios municipales del 3%.
Laboulaye. Aplica un adicional del 12% para ser destinado (según diferentes porcentajes) a: Cuerpo de Bomberos Voluntarios; Hogar de Ancianos; Cooperadora Guarderías infantiles; Casa del Niño; Camoati Taller Laboral; y Biblioteca Popular.
Río Cuarto. Aplica una alícuota especial reducida para la venta mayorista en ciertos rubros. Tiene un Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública, del 15% de la tasa, y otro Impuesto para el Financiamiento del Desarrollo Institucional y Social, también con un 15%.
Mina Clavero. Adicional para Promoción turística, cultural y deportiva del 20%. También hay un adicional para Tratamiento de Residuos Sólidos (TRS), aunque es un monto fijo. La ciudad exime a restaurantes y hoteles entre los meses de abril a octubre (inclusive), mientras que el resto de los rubros (excepto el comercio al por mayor, servicios de energía, gas y agua, supermercados e hipermercados, bancos y entidades financieras) tienen una reducción del 20% en la alícuota durante esos meses.
Villa Dolores. Adicional del 10% para el Fondo de Asistencia Social, y Adicional del 2% con destino al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Salsacate. Adicional del 20% por Promoción Turística, Cultural, Social y Deportiva.
San Francisco. Aplica un Impuesto para el Financiamiento de Obras y Servicios Públicos, con una alícuota del 25% y del 10% en algunos sectores.
Río Tercero. Cuenta con un Fondo para Mantenimiento del Sistema Integral de Desagües Pluviales e Infraestructura de Iluminación, del 5%. En 2024 se elevó al 10% ese Fondo.
Villa María. Se aplica un tributo del 20% adicional para el Financiamiento del Servicio de Salud Municipal y del 15% para el Fomento del Desarrollo Económico Local, sobre la contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios. También aplica adicionales según categorías de facturación.