Con críticas a derecha e izquierda, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa de la reforma de ley presentada por el PSOE en el Congreso para, entre otras cuestiones, endurecer la acusación popular. “Es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse”, ha justificado en declaraciones a los medios esta mañana tras inaugurar el curso selectivo de la 63 promoción de acceso a la Carrera Fiscal. El objetivo de esta medida, que pondría en peligro la continuidad de las causas penales que cercan al Gobierno, pasaría así por “evitar que los ultras perviertan por completo” esta figura.
El titular de Presidencia y Justicia ha querido hablar de “regulación” en lugar de endurecimiento o limitación de esta figura constitucional, a pesar de que uno de sus argumentos es la homologación con otros países europeos. Precisamente, el propio Bolaños subrayó en este sentido que la acusación popular “no existe ningún país de Europa, solo en España y en Andorra”. Algo por lo que ironizó sobre la cruzada en Europa anunciada por Alberto Núñez Feijóo para denunciar esta iniciativa.
La reforma impulsada por el grupo parlamentario socialista evita de esta manera pasar por el trámite previo de obtener informe de los órganos consultivos, como es preceptivo en el caso de los Anteproyectos de Ley impulsados por el Gobierno. Con todo, Bolaños ha defendido que su limitación va en la línea con lo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías, en cambio, ha ido sentando jurisprudencia para que la acción popular pueda ser ejercida tanto por personas físicas como jurídicas.
Según el texto, se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos o a asociaciones y fundaciones vinculados con ellos, además de exigirle que tenga un «vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente».
Antes de registrarse la reforma en el Congreso, Bolaños avanzó su interés por endurecer la figura de las acusaciones populares, que ha impulsado una buena parte de las investigaciones que acechan a familiares de Pedro Sánchez y al Gobierno. “Existe una previsión en la Constitución de que debe existir esta figura, pero su regulación se remite a la LECrim”, apuntó en su balance del año para concluir que está figura “se está pervirtiendo por las organizaciones ultraderechistas”.
La iniciativa legislativa también incluye cambios para suprimir el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, que se inadmitan querellas basadas en recortes de prensa y permitir la abstención o la recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político. Sobre esto último, el texto alude a aquellos que hayan manifestado «la censura, el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos, sindicatos, asociaciones y otras entidades» en aquellos procedimientos en el que estas sean parte.
Imputación del fiscal general
Sobre el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en el que se impulsa la investigación contra el el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el minisrto de Justicia ha sembrado dudas. «Leí con sorpresa que hubiera algunas afirmaciones en ese auto y que, con todo respeto, querría preguntar en qué se fundamentan porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba o evidencia que acredite lo que ahí se dice», cuestionó.
El Gobierno ya respondió al auto este martes con una dureza inusitada porque «se tiene que fundamentar en indicios y aquí no hay». De ahí que Moncloa siga mostrando el «máximo apoyo y máxima confianza» en Álvaro García Ortiz. El fiscal general ha sido citado a declarar el próximo 29 de enero como imputado por revelación de secretos relacionados con la imputación por delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El auto considera que los indicios apuntalan la participación de García Ortiz en los hechos investigados, pero también las gestiones realizadas desde Moncloa para filtrar el correo en el que se proponía el pacto a un medio digital afín. En privado, fuentes de Moncloa insisten en que respetan el auto, pero trasladan que en ocasiones la Justicia también puede intentar un ataque contra el Ejecutivo. En esta línea insisten en garantizar que Moncloa no ha estado detrás de la filtración.