Daniel Pastore, ministro de vinculación y comunicación provincial, definió al gobierno provincial como un espacio opositor al presidente Javier Milei de cara a las elecciones legislativas del 2025.
Bajo la bandera de la eliminación de las retenciones al agronegocio, el funcionario definió a Hacemos Unidos por Córdoba y su marca nacional Hacemos por Nuestro País como una «oposición racional».
«Hicimos una oposición racional donde le garantizamos al gobierno nacional la posibilidad de poner en marcha su política en términos económicos siempre y cuando no se afecten los intereses de Córdoba», expresó en diálogo con Canal 10.
Este martes los gobernadores de la Región Centro, Martín Llaryora por Córdoba, Maximiliano Pullaro por Santa Fe y Rogelio Frigerio por Entre Ríos, le reclamaron al gobierno nacional que avance con la eliminación de las retenciones para los productores agrarios.
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«La región centro constituye el 60% de la producción y se da una situación muy injusta porque las provincias petroleras por lo que produce su tierra reciben regalías, las provincias mineras también, nosotros por lo que produce nuestro campo pagamos», dijo Pastore.
El funcionario también fue entrevistado en el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por la AM 580 y la FM 102.3, donde se refirió al rol del exgobernador Juan Schiaretti.
«El exgobernador puede encarnar una posición donde se vean representados muchos argentino que no coinciden con la mirada anti Estado que tiene el presidente Milei pero que tampoco coincide con la mirada estalinista que tiene el kirchnerismo», remarcó el ministro.
Otro de los temas de agenda política que abordó Pastore fue la denuncia de privatización de EPEC que levantó el sindicato Luz y Fuerza.
«Estamos haciendo un proceso de adecuación a la legislación vigente a nivel nacional a través de la Ley Bases y el DNU 70 en su artículo 48 que ordena que todas la entidades del Estado se transformen en sociedades anónimas», indicó el funcionario.
Al explayarse en la respuesta, Pastore dijo que se respetarán las condiciones laborales de los trabajadores y que las acciones permanecerán en manos del Estado provincial.