El 1 de febrero se aproxima con un vencimiento clave para el ministro Luis Caputo: el pago de 640 millones de dólares en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien la misión técnica enviada por el organismo concluyó su ronda de consultas sin avances explícitos, la fecha sigue marcando el primer gran desafío del año para el Gobierno.
El pago se hará efectivo, pero será otra señal más de la difícil situación fiscal que atraviesa el país. Mientras tanto, las negociaciones con el FMI siguen en un toma y daca que busca la salida hacia un acuerdo definitivo, con el Gobierno en la porfía de gestionar esta deuda de manera que no complique aún más el panorama económico previo a las elecciones. El vencimiento de febrero, aunque parece menor comparado con las cifras de deuda total, representa una presión inmediata sobre las reservas del Banco Central, que siguen siendo escasas para hacer frente a los compromisos de los próximos meses.
En el marco de las negociaciones con el FMI, surge una posible estrategia de dos acuerdos simultáneos. Por un lado, según trascendidos, podría acordarse un pacto breve, de solo un año, con el formato Stand-by, que serviría para afrontar los vencimientos inmediatos y asegurar los desembolsos necesarios para cubrir los pagos hasta diciembre. Por otro, se baraja la posibilidad de un acuerdo más extenso, bajo el esquema de Facilidades Extendidas, que proveería los fondos adicionales que el Gobierno necesita para llevar adelante su plan de liberación y unificación del mercado cambiario. Todo el esquema no hace más que delatar el apoyo de la gestión Trump al gobierno argentino en la forma heterodoxa que llegará con el acuerdo.
El FMI y la estrategia de Milei: ¿un atajo electoral?
Mientras el Gobierno continúa negociando un nuevo programa con el FMI, el escenario económico sigue siendo incierto. Las auditorías del FMI están suspendidas, pero los pagos siguen su curso. Hasta que haya un acuerdo definitivo, la Argentina tendrá que seguir afrontando los compromisos pactados, una situación que genera más dudas que certezas. Lo que se ha logrado hasta ahora es una leve reducción de los sobrecargos que el FMI cobra a los países más endeudados, lo cual tiene un impacto positivo sobre las obligaciones de este año, pero el panorama sigue siendo tenso.
Como se dijo, la expectativa de un entendimiento en dos etapas toma cada vez más forma. Por un lado, un acuerdo rápido, casi de trámite, que le permita al Gobierno sortear los pagos inmediatos y cerrar la etapa electoral sin mayores sobresaltos. Pero, como suele ocurrir en estos casos, lo más complejo vendría después de los comicios, con la llegada del “verdadero” ajuste, aquel que resolverá la cuestión del mercado cambiario y la deuda. Esta estrategia, que podría ser calificada como un “atajo” electoral, apuntaría a mantener la calma antes de las elecciones y, luego, aplicar el ajuste de forma menos visible para evitar una crisis de legitimidad.
El papel de la devaluación post-electoral: ¿quién pagará el costo?
El miedo a una devaluación que impacte en los salarios, las jubilaciones y el poder adquisitivo de los argentinos se mantiene latente. Es un secreto a voces que la intención del Gobierno es liberalizar el tipo de cambio, pero, como todo ajuste, hacerlo en un contexto más controlado, donde los efectos negativos no sean tan visibles. La clave parece estar en cuándo y cómo se implementará ese “sinceramiento cambiario”. El temor, sin embargo, es que la jugada resulte demasiado tardía, y el ajuste impacte sobre una población ya fatigada y empobrecida, que podría ver con rabia cómo se desmonta un modelo económico que prometió evitar los costos sociales de anteriores reformas.
La intervención estatal: un freno temporal
En medio de esta tensión, el Gobierno ha decidido profundizar su intervención en la economía, sobre todo en el mercado cambiario. La contención del dólar oficial y las medidas para restringir la escalada de la brecha cambiaria no son más que una solución a corto plazo. También lo es la baja de las retenciones al agro, otra forma de mejorar artificialmente el tipo de cambio y fomentar la liquidación de dólares. La verdad es que la Argentina sigue atrapada entre el malestar social que genera la inflación y la necesidad de cumplir con los pagos al FMI. Mientras tanto, las reservas del Banco Central siguen siendo insuficientes para hacer frente a los pagos de deuda, y el Gobierno se ve obligado a mantener la política de intervención para no ver estallar la estabilidad del mercado cambiario antes de las elecciones.
Con esta mirada, el acuerdo que se cierne con el FMI podría tener un doble propósito: aliviar la presión de los pagos inmediatos y ganar tiempo para el “gran ajuste” que llegaría después de los comicios. El problema es que este tipo de acuerdos, por más que sean presentados como soluciones temporarias, siempre terminan arrastrando al país hacia una espiral de ajustes que, más temprano que tarde, afectan a la economía real.
De la deuda a la competitividad: ¿una falsa salida?
El Gobierno sigue insistiendo con la reducción de impuestos como medida para mejorar la competitividad, es decir, una devaluación fiscal en lugar de una cambiaria. Es un reclamo que resuena fuerte entre las empresas. Sin embargo, estas reformas parecieran no ser suficientes para resolver los problemas estructurales de la economía. Más allá de la reducción de las retenciones y la estrategia del “dólar blend”, que permite a los exportadores liquidar una parte de sus divisas en el mercado paralelo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: un mercado cambiario disfuncional y una deuda externa que parece no tener fin.
La agenda del FMI: ¿más ajuste a la vista?
El FMI, por su parte, sigue reclamando un ajuste fiscal estructural que, si bien ha sido aceptado como parte del programa por el Gobierno, no se visibiliza en las políticas actuales. El Fondo, de hecho, ha señalado que el ajuste fiscal en el país ha sido “un éxito”, pero las medidas hasta ahora adoptadas no resuelven la cuestión del atraso cambiario ni la deuda externa. A medida que avanza el calendario electoral, los analistas miran con cautela la relación entre Milei y Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos. La afinidad ideológica entre ambos podría facilitar el cierre de un acuerdo con el FMI, pero a costa de un ajuste que podría ser más doloroso de lo anticipado.
¿Cómo sigue el camino?
Lo que viene después de las elecciones no es tan claro. Aunque la reducción de los sobrecargos y los acuerdos a corto plazo pueden ayudar a evitar un colapso inmediato, el verdadero costo de las políticas de Milei se pagará más adelante, cuando se enfrente la necesidad de una devaluación y de mayores ajustes fiscales. El desafío será cómo gestionar el malestar social que estas políticas puedan generar, sin perder el respaldo popular que ahora ostenta. En este sentido, la estrategia del Gobierno parece ser una apuesta a largo plazo: intentar mantener la estabilidad hasta los comicios y, después, imponer un ajuste gradual con el objetivo de garantizar el cumplimiento con el FMI. La pregunta es si el costo social de esta jugada será manejable o si terminará desbordando el panorama político y económico del país.