La resistencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a dar explicaciones claras de qué estaba haciendo entre las 3 y las 7 de la tarde del pasado 29 de octubre y por qué no hizo en cambio lo que se esperaba de él, cuando ríos y barrancos de su comunidad se desbordaban y arrasaban decenas de municipios valencianos, solo ha conseguido hasta ahora envenenar más la política en aquella comunidad, incrementar la sensación de desamparo de la ciudadanía y, aunque él actúe como si no fuese consciente de ello, deteriorar más su imagen política. No es que Mazón, con un apoyo intermitente del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se niegue a dimitir, es que no parece capaz, por lo que se está viendo, de dar una versión sincera, consistente y verificable de lo que le ocupó tanto aquella tarde como para que, con su ausencia, nadie de su equipo se sintiera con autoridad para enviar a tiempo las alertas que podían haber protegido a muchos ciudadanos de la dana. Hubo 221 fallecidos y todavía hay tres personas desaparecidas, además, claro, de los graves daños materiales que la riada provocó en viviendas, garajes, establecimientos comerciales e industriales y en las infraestructuras públicas de esos pueblos.
El empeño del presidente valenciano en ocultar los detalles de su retraso en acudir a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) y su interés en desviar la acusación de lo acaecido hacia la Agencia Estatal de Meteorología y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a las que acusa de no haber informado a tiempo de lo que se avecinaba, choca con la información que se sigue conociendo de cómo se desarrolló esa jornada. Entre otros datos, la petición del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, dirigente del PP como él, que rogó que se enviara la alerta a los móviles de los valencianos. Mompó había enviado a medio día a los empleados de la Diputación a sus casas, al igual que había hecho la Universitat de Valencia, que ese día suspendió las clases precisamente ante las previsiones meteorológicas de la Aemet.
No parece que ahí pueda seguir encontrando Mazón un argumento al que agarrarse para justificar su inacción, por más que seguramente hay responsabilidades compartidas en la tardía respuesta ante los riesgos que implicaba la dana. Tampoco le ayudan los autos de la juez de Catarroja, quien destaca cómo el aviso fue «tardío» y «errado en su contenido» y, lo más grave, asegura que los daños no se podían haber evitado, pero «las muertes sí».
Sorprende que es esta situación Mazón se siga aferrando a su cargo y aún más a un discurso alejado de la autocrítica. No porque sean los partidos de la oposición los que le pidan la dimisión -ese hecho a veces solo sirve para retrasar una decisión inevitable- sino por simple y pura responsabilidad hacia la institución que preside y el partido que encabeza en la Comunidad Valenciana. Cuesta comprender qué es lo que lleva a la dirección del PP a apoyarle, cuando consta el malestar con el presidente valenciano que existe en la sede nacional de los populares. Porque en la calle Génova de Madrid son conscientes de que el desgaste de la imagen de Mazón afecta también al partido.
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