El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que designó por decreto en la Corte Suprema a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla «hasta la finalización del próximo período legislativo». Sin embargo, García-Mansilla había declarado el año pasado que “no hubiera aceptado” ser nombrado en comisión en el máximo tribunal, aunque indicó que es un mecanismo constitucionalmente válido.
La declaración fue el 28 de agosto de 2024, cuando el abogado expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado, y Anabel Fernández Sagasti, legisladora de Unión por la Patria (UxP), lo interrogó sobre la decisión de Mauricio Macri en 2015, cuando el entonces mandatario intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, antes de que obtuvieran el acuerdo del Senado.
Ante la pregunta, García-Mansilla contestó con un contundente: “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión”.
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Durante esa audiencia, el abogado advirtió que ciertas atribuciones constitucionales pueden afectar a las instituciones según “el contexto en que se ejerzan”, y dio como ejemplo la ampliación de la Corte Suprema, sosteniendo que, aunque es una “facultad estrictamente constitucional”, su aplicación puede provocar “descrédito en el Poder Judicial”.
Cuando Fernández Sagasti le preguntó si una designación en comisión podría afectar la independencia de un juez, García-Mansilla reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.
Tras conocerse su designación, desde su entorno explicaron que su respuesta “fue ante una pregunta hipotética” y remarcaron que “los contextos son importantes».
García-Mansilla, un abogado cuestionado por su perfil conservador y su postura antiaborto
García-Mansilla es cuestionado por su perfil conservador y su postura antiaborto. Cuando fue consultado el año pasado en el Senado respecto de la ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), sostuvo que la normativa «vigente se tiene que cumplir», pero dejó dudas al opinar que esa norma no es compatible con tratados internacionales como la «Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos».
El juez es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó. En su currículum también resalta su especialidad en «Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario», y se acumulan posgrados, masters y trabajos sobre la Constitución, la exploración y producción de hidrocarburos y «Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
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Asimismo, fue asesor y participó «en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos» y «de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial». Su vínculo es tan próximo al rubro que expuso, en una audiencia pública en 2016, en favor del «tarifazo» durante la gestión de Mauricio Macri.
En 2015, García-Mansilla también avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti, presidente actual de la Corte, y Rosenkrantz, como ministros del Tribunal Supremo. Por ello, fue crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en la Cámara de Diputados el año pasado.
García Mansilla se proclama ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución; su tesis doctoral fue sobre la independencia de los jueces y la condición del magistrado de último intérprete de la letra de la ley.
HM/ML