Economía
El fallo por YPF no se revisa
La magistrada sostuvo que el pedido para revisar la condena al país a pagar 16 mil millones de dólares llegó fuera de término.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este martes una presentación realizada por una ONG para dejar sin efecto el pago que obliga al país a cancelar 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner. La magistrada consideró que la presentación llegó fuera de tiempo.
La fundación Republican Action for Argentina (RAFA) había solicitado a la magistrada estadounidense que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina YPF.
La presentación fue hecha el pasado 17 de febrero, y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio, es decir que las partes expresen su opinión. Burford Capital, el principal beneficiado por el fallo de primera instancia de Preska, consideró que no era pertinente el pedido, mientras el Estado argentino, que es representado por la Procuración del Tesoro, dijo que sí. Finalmente la jueza sostuvo que la ONG no respetó el plazo de un año que se tenía para hacer la presentación.
La solicitud de RAFA enfrentaba algunas complicaciones ya que la jurisprudencia estadounidense establece estándares estrictos para la reconsideración de fallos, especialmente en litigios comerciales internacionales. El fallo de este caso estuvo pendiente durante casi una década, casi un año y medio después de que el Tribunal dictara la sentencia RAFA solicitó su intervención.
En 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51 por ciento de las acciones en YPF, sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 por ciento en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
En su reciente afirmación la jueza Preska citó el caso D`Amato versus Deutsche Bank para fundamentar que una intervención presentada más de un año después del inicio del caso no es válida. Además, citó Restor-A-Dent Dental Lab’ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., estableciendo que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.