El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que suspendió de manera «preventiva» la compra de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina. La medida adoptada por la secretaría de Comercio se basa en una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a que la fusión de ambas compañías “incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”. Telecom aseguró no haber sido notificada «formalmente de dicha resolución».
Milei se había definido en 2024 como un ardiente defensor de los monopolios duranta su primera presentación en el Foro Económico de Davos. Pero Telecom es en parte propiedad del Grupo Clarín que posee el diario de mayor circulación en Argentina, además de las principales radios, uno de los canales noticiosos más vistos y el principal servicio de internet. En ese contexto, el anarco capitalista se convirtió en un súbito impugnador de los monopolios y ese fue el argumento que utilizó la secretaría de Comercio para adoptar su medida. La compra le permitiría a Telecom Argentina concentrar el 61 % del mercado de telefonía móvil, el 69 % de la telefonía fija y en algunas áreas del país se quedaría con el 80 % del servicio de Internet residencial.
«A partir de la recomendación formulada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada», se agrega en el documento. El Gobierno aseguró cumplir «con su obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados».
Adenás del Grupo Clarín, Telecom Argentina el 40% de las acciones pertenecen al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez). El otro 20% restante del capital accionario cotiza en la Bolsa.
Según el portal ´La Política Online`, Milei reaccionó de manera intempestiva contra un artículo de Clarín` y ordenó suspender la adquisición de Telefónica. También, añade la publicación, influyó el rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) a los ataques contra la prensa del Gobierno de ultraderecha. «Lo más preocupante en lo que va de la actual gestión gubernamental es la pulsión del presidente al agravio a periodistas y a voces críticas en general. Todo funcionario tiene derecho a criticar, refutar o rechazar, aun con vehemencia, las opiniones o el trabajo periodístico, pero no debe insultar o imputar delitos de manera generalizada, sin dar precisiones sobre hechos ilegales de los que supuestamente tiene conocimiento», se señala en un documento de la entidad. Adepa añade: «la libertad de expresión no tutela el agravio. Los funcionarios, y sobre todo un presidente, no pueden incurrir sistemáticamente en el insulto, ya que este se encuentra en el límite que separa al intercambio de ideas de la violencia física. Los agravios presidenciales ponen en riesgo a los periodistas que los sufren y son un instrumento posible de la intimidación y de una consecuente autocensura». Pero además, el texto hace una alusión a Santiago Caputo, el «monje negro» del Gobierno que maneja de modo directo las «milicias digitales» que pueden «estimular el paso de los dichos a los hechos».
La respuesta de Telecom
El anuncio oficial se conoce semanas después de que se anunciara que la filial argentina de Telefónica se había vendido «la totalidad de las acciones» por 1245 millones de dólares a Telecom. El traspaso, se explicó en su momento, «se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica«.
Telecom reiteró en la noche del viernes su compromiso de respetar «la normativa vigente» y «los procedimientos establecidos» y aguarda «la debida comunicación oficial para evaluar el alcance de la medida y responder oportunamente dentro del marco correspondiente». Telecom expresó a su vez la voluntad de «colaborar con los organismos competentes» en el análisis de la operación»con el objetivo de garantizar un proceso transparente y en plena consonancia con los estándares internacionales y la libre competencia».