Sobreseyeron a Agustín Nazar y a otros dirigentes sociales y sindicales en la causa por marchar contra el hambre.
Una causa armada para criminalizar la protesta fue finalmente desestimada por la justicia.
En el día de hoy la justicia resolvió el sobreseimiento de Agustín Nazar, referente del MST Teresa Vive, quien había sido imputado en 2023, junto a otros referentes sociales y sindicales, por movilizarse en el marco de la jornada nacional de lucha que exigía alimentos para los comedores populares.
La acusación, impulsada por el gobierno de Martín Llaryora, apuntaba a criminalizar una acción legítima de protesta, bajo los cargos de “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos” y “desobediencia a la autoridad”. Una clara maniobra para enviar un mensaje aleccionador a quienes nos organizamos y denunciamos el ajuste empobrecedor tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales.
Durante el proceso judicial se denunciaron múltiples irregularidades: secuestro de teléfonos a los imputados, acusaciones falsas sobre extorsión y coerción, y una serie de atropellos contra derechos fundamentales y libertades democráticas.
La defensa de Agustín, a cargo de Lucas Cocha y Rodrigo López Tais, desmontó uno por uno los argumentos de la acusación, dejando en evidencia la inconstitucionalidad del proceso y reafirmando el carácter legítimo del reclamo: el derecho elemental a una alimentación digna.
Los antecedentes
Esta causa armada con el único fin de criminalizar la protesta social, vino luego de una serie de medidas del gobierno y la justicia que sentaron las bases para ese desenlace: por un lado el presidente del Centro Vecinal de Barrio Centro patrocinado por Eduardo Bittar (quién más tarde llegaría a la presidencia del Colegio de Abogados) interpuso un habeas corpus para prohibir las manifestaciones en el Centro. El juzgado de control a cargo de Manuel Fernandez López le dió lugar y dictó una resolución en la que autorizaba al Ministerio de Seguridad “a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público”.
Las audiencias en el marco de esa causa fueron bochornosas, desde el juez llamando a cortar la cabeza de los dirigentes, hasta la jefa de policía de aquel momento –Liliana Zárate– reconociendo que hacían espionaje ilegal a las organizaciones.
Poco después de este “protocolo antipiquetes” a la cordobesa, los compañeros fueron imputados por reclamar lo más elemental.
Por otro lado la discusión en la Legislatura d ovarios proyectos -tanto del PJ como de la UCR y Juntos por el Cambio- que buscaban limitar, restringir y criminalizar el derecho a la protesta.
Protestar no es delito
La causa fue acompañada con amplia solidaridad de organizaciones sociales, referentes políticos y militantes, quienes entendieron que este juicio buscaba aleccionar al conjunto del movimiento popular.
Hoy celebramos este fallo como una victoria de la lucha. Una victoria colectiva frente a la criminalización de quienes se organizan contra el hambre y el ajuste.
A dos años de estas imputaciones es más que evidente que los gobiernos buscan recortar las libertades democráticas para avanzar con sus planes de ajuste, saqueo y miseria. Por eso este fallo marca un precedente importante y ratifica lo que venimos diciendo: protestar no es delito. Y vamos a seguir en las calles denunciando cada injusticia y peleando por una sociedad donde a la crisis no la paguen las mayorías trabajadoras.