Nueva protesta universitaria y paro de 48 horas en la UNC por mayor presupuesto

La comunidad universitaria cordobesa volvió a las calles en el marco del largo conflicto que mantienen todas las universidades nacionales con el Gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento del sistema de educación superior. La protesta incluye también dos días de paro en la UNC.

Autoridades universitarias, dirigentes de los gremios docente (Adiuc) y no docente (Gremial San Martín) y de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), que nuclea a las agrupaciones estudiantiles, y personas de la comunidad cordobesa confluyeron este jueves en una movilización en el centro de la ciudad de Córdoba en reclamo por la aprobación de una ley de financiamiento universitario y la defensa del sistema científico.

El reclamo de las casas de estudio apunta al tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario presentado ante el Congreso el 28 de mayo y la defensa del sistema científico argentino.

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En ese marco, la Asociación de ex Rectoras y Rectores de Universidades Públicas (Aerup) emitió un comunicado expresando su apoyo al pedido del sistema universitario. “Ante la profundización de la crítica situación presupuestaria de las Universidades Nacionales y la perdida continua del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de las mismas, la Aerup expresa su total solidaridad con los reclamos del sector. Del mismo modo, adhiere a la necesidad ya demostrada de contar con una Ley de Financiamiento que resuelva el problema y les otorgue previsibilidad a los aportes imprescindibles para el desempeño de las Casas de Altos Estudios”, señala un párrafo de la misiva.

La protesta en Córdoba incluyó también la junta de firmas en apoyo del proyecto de ley y la realización de clases públicas. Al mediodía se colocaron sendas mesas en la explanada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en Duarte Quirós y Vélez Sársfield, y frente al Centro Cultural de la UNC, en Duarte Quirós y Obispo Trejo, para que las personas pudieran firmar el petitorio de apoyo a la ley de financiamiento universitario.

Por la tarde, en Duarte Quirós y Vélez Sársfield, se realizó una clase pública y, luego, dirigentes gremiales y estudiantiles expresaron los argumentos por los cuales se realizó la manifestación.

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Finalmente, se realizó un “abrazo de las antorchas” al edificio de la Manzana Jesuítica, encabezada por la vicerrectora Mariela Marchisio junto a autoridades universitarias y dirigentes gremiales y estudiantiles y miembros de la comunidad cordobesa.

El lunes pasado, el rector de la UNC, John Boretto, había realizado la primera acción del programa de reclamos al convocar a un encuentro entre autoridades del Honorable Consejo Superior de la UNC y legisladores nacionales por Córdoba.

Aunque tras esa reunión -a la que, entre otros, no asistieron los legisladores de La Libertad Avanza, ni Luis Juez, ni Rodrigo de Loredo- no se difundieron resoluciones concretas, la convocatoria representó una señal política en el marco del progresivo deterioro de la situación financiera de las universidades.

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Durante el encuentro Boretto destacó que las universidades están en una situación crítica. “Necesitamos previsibilidad y un piso de financiamiento que garantice el derecho a la educación superior. Esta ley busca asegurar el funcionamiento de nuestras instituciones y también el futuro de quienes estudian, enseñan e investigan en ellas”, dijo el rector el lunes. Este jueves ese reclamo fue reiterado desde todos los sectores de la comunidad universitaria.

El proyecto establece un piso básico de recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, contempla la recomposición salarial y define la fuente de financiamiento sin creación de nuevos impuestos ni afectación del equilibrio fiscal.

Según Boretto, la propuesta del CIN apunta a una reorientación de prioridades en el gasto público que reconoce a la educación superior como estrategia de desarrollo económico y social. También se reclama la necesidad urgente de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento, acceso, permanencia y egreso de estudiantes de sectores postergados.

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