En medio del estrépito que causó la detención de cinco policías, entre ellos tres comisarios, acusados de integrar “la banda de los simuladores” en Córdoba, la Justicia avanza en la pesquisa caratulada como una asociación ilícita.
El fiscal Guillermo González, entre las medidas adoptadas, mandó a analizar a fondo los celulares y las computadoras secuestradas para ver si surgen nuevos delitos.
El principal acusado es el ahora excomisario general Maximiliano Ochoa Roldán, quien estaba al frente de la Caminera. Tanto él como varios de los otros acusados son abogados, lo que para la Justicia es central.
Al frente de la Caminera fue nombrado el ahora comisario general Daniel Bolloli. En un comunicado oficial, el Gobierno provincial destacó que, además de su capacidad, “no cuenta con antecedentes penales”.
Semejante comunicado causó sorpresa y no pocos comentarios en distintos ámbitos, como si fuera necesario aclarar la carencia de un prontuario a la hora de acceder a un cargo.
Fuentes oficiales señalaron que, tras el último escándalo con la Policía, desde el Ministerio de Seguridad se dispuso solicitarle a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia TSJ) informes sobre eventuales antecedentes penales de los oficiales que sean nombrados en cargos de importancia como jefes de reparticiones.
En la actualidad, cada vez que se nombra a un comisario de alto rango en un puesto jerárquico se solicitaban informes a los tres órganos de Conducta (sí, hay tres): la Dirección de Conducta Policial, el viejo Tribunal de Conducta Policial y el Órgano de Control Disciplinario, un ente que reemplazó al anterior y que depende del Ministerio Público Fiscal.
Además, de manera extraoficial, antes de nombrar a un jefe de área, se solicitan opiniones a sus pares.
A partir de ahora, según voceros oficiales, está previsto solicitarle también informes al TSJ.
La explicación es que del máximo tribunal cordobés depende el Sistema de Administración de Causas (SAC).
Es el sistema informático de la Justicia donde consta si una persona está imputada o condenada por delitos y cuáles, entre otros puntos.
“Es una forma más de control interno para evitar sorpresas indeseadas a futuro. Queremos estar absolutamente tranquilos”, explicó una alta fuente oficial.
Al parecer, el Ministerio de Justicia, del que depende el Servicio Penitenciario, adoptaría idéntica medida.
Las detenciones en las últimas horas de Ochoa Roldán, quien manejaba la Caminera; de Leonardo Javier Torres, quien estaba al frente de Asesoría Letrada; y de Jorge Gutiérrez, titular de Protección de Testigos; representan un fuerte golpe en la Policía y en la gestión de Seguridad.
Las capturas se produjeron pocos días después de que se conociera la prisión preventiva contra el exsubjefe de Policía Alejandro Mercado, quien está acusado también de manejar dos presuntas asociaciones ilícitas durante años en Córdoba.
En ese marco, por cierto, no deja tampoco de causar estrépito la última resolución de Enrique Gavier en donde se exponen todas las denuncias previas que hubo contra Mercado que no prosperaron ni en la Policía, ni en el Tribunal de Conducta ni mucho menos en Tribunales II, donde incluso se perdió una denuncia en la fiscalía de José Bringas.
Volviendo a la causa de “los simuladores de azul”, se espera que las indagatorias a los acusados se efectúen después de la feria judicial que irá desde el 7 al 17 del corriente.
Por ahora, en la fiscalía se avanza en la pesquisa, el análisis de toda la prueba y las fijaciones de hechos.
Mientras tanto, desde la Cárcel de Bouwer ya hay acusados que dicen que son inocentes y que no entienden “de qué se los acusa”.
“Nuestros clientes son inocentes. Tanto el comisario Ochoa Roldán como Torres son inocentes y no entienden por qué están presos ni por qué ni de qué se los acusa”, expresó el abogado Ricardo Moreno a La Voz. “Son inocentes ambos y, oportunamente, lo vamos a demostrar. Pero todavía no se tiene acceso a la prueba”, añadió su socio, el abogado Jorge Sánchez del Bianco.
Por su parte, el abogado José Nayi, quien representa al comisario Gutiérrez (quien estaba al frente de Protección de Testigos, también se expresó en ese sentido sobre su cliente.
“Se encuentra preso en una cárcel, donde nunca estuvo, y está muy angustiado por todo esto que se está diciendo y no entiende de qué se lo acusa. Dijo que no tiene relación con las otras personas”, sostuvo Nayi.
El resto de los acusados está terminando de definir a sus defensores.
Restará ver qué actitud toman los acusados cuando les toque ser indagados, luego de que se les lean las acusaciones, tras la feria.
La presunta banda se especializaba en resolver litigios principalmente con usurpaciones de casas y ocupaciones ilegales de terrenos. Además, como había abogados en el grupo, la organización presuntamente también resolvía “inconvenientes”, como deudas de dinero y pleitos laborales.
Para la Justicia, el grupo actuaba a pedido de particulares y montaba operativos con recursos y móviles oficiales, siempre por fuera de la ley.