POLÍTICA
El Gobierno también cuestionó la legalidad de transferir acciones que no se encuentran físicamente en Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro presentó nuevos documentos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El Gobierno advirtió sobre daños irreparables si se transfiere el control accionario a Burford Capital y señaló que declaraciones de Axel Kicillof perjudican la posición argentina.
Presentación judicial: Argentina insiste en frenar la transferencia de acciones
En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF en tribunales de Estados Unidos, el Gobierno argentino presentó dos escritos ante la jueza Loretta Preska para reforzar su pedido de suspensión de la orden de “turnover” de las acciones estatales a Burford Capital. El país fue condenado en primera instancia a pagar más de 16.000 millones de dólares, y enfrenta ahora el riesgo de perder el control sobre el 51% de la petrolera.
Desde la Procuración del Tesoro, que lidera la defensa legal del Estado, afirmaron que la sentencia plantea “cuestiones jurídicas sin resolver” y representa un caso “sin precedentes” que incluso contradice la postura del propio gobierno estadounidense en casos similares.
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Críticas a Kicillof y advertencias sobre daños a YPF
Uno de los puntos llamativos de la presentación fue la mención a declaraciones públicas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, citadas por los demandantes como parte de su oposición al pedido de suspensión. El Gobierno respondió que Kicillof no representa a la administración nacional actual y que sus opiniones no forman parte de la estrategia jurídica oficial. Sin embargo, reconocieron que sus intervenciones públicas “entorpecen y empeoran la posición argentina”.
En el escrito, la defensa del Estado advirtió que cumplir con la orden judicial implicaría “violar la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera” y dejaría a la Argentina sin control sobre su principal empresa energética. Según argumentaron, eso activaría cláusulas contractuales que podrían obligar a YPF a realizar pagos anticipados a acreedores, afectando a más de 23.000 empleados, a las provincias y a los bonistas.
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Riesgos legales y apelación en curso
El Gobierno también cuestionó la legalidad de transferir acciones que no se encuentran físicamente en Estados Unidos, al señalar que no existe jurisprudencia del Segundo Circuito que habilite la ejecución de activos soberanos fuera del territorio. Además, subrayó que no existe urgencia por parte de los demandantes y que el statu quo debe mantenerse hasta que se resuelva la apelación.
En paralelo, la Procuración del Tesoro anticipó que si Preska no concede la suspensión del fallo, avanzará con una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito en Nueva York, que incluirá un nuevo pedido de suspensión cautelar.
Interés público y defensa de la soberanía
Los abogados del Estado destacaron que la ejecución inmediata podría provocar un impacto económico y político de gran escala. Además, recordaron que cualquier transferencia de acciones estatales requiere aprobación del Congreso argentino, lo que tornaría inviable el cumplimiento del fallo.
“Se trata de un proceso complejo, sin antecedentes, donde no se acredita perjuicio para los demandantes. La República seguirá litigando en defensa de la soberanía y del interés público”, afirmaron fuentes oficiales.
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