El Consejo de Ministros prevé aprobar en su reunión de este martes la ley de información clasificada para reformar la norma franquista de 1968. Una demanda histórica del PNV que lleva varios intentos y que en la anterior legislatura se aprobó en primera vuelta, por lo que el Gobierno retomará la tramitación de su propia reforma para llevarla directamente al Congreso. El proyecto establece un plazo para las desclasificaciones de 45 años, según ha adelantado ‘El País’ y han confirmado fuentes de Moncloa a esta redacción, que podrán ser prorrogables durante otros 15. Se dejan así en el aire, al menos por el momento, los capítulos relativos al golpe de Estado del 23F, algo que siempre reprocharon los socios parlamentarios.
El Ejecutivo se guarda como blindaje la posibilidad excepcional de una nueva clasificación si se aducen motivos de seguridad nacional. La decisión recaerá en la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, organismo de nueva creación que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y deberá ratificarse en el Consejo de Ministros. Con todo, desde el Ejecutivo defienden que con esta nueva norma, España «se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada». Como ejemplo citan a Francia, Dinamarca o Suecia, que cuentan plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley.
Pedro Sánchez se comprometió con el ex portavoz del PNV, Aitor Esteban, en su última sesión de control al Gobierno antes de dejar el escaño para presidir el partido, a desbloquear esta reforma que también forma parte del plan de regeneración democrática del Gobierno. Tras ello, el Ejecutivo pisó el acelerador y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, avanzó que sería en las “próximas semanas” cuando se llevaría en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Han tenido que pasar cerca de cuatro meses desde entonces.
Desde la formación jeltzale recuerdan ahora que han presentado hasta cuatro iniciativas en los últimos nueve años, prácticamente una por legislatura. Con todo, el texto que se presentará este martes no ha sido pactado previamente con el PNV, según las mismas fuentes. Está previsto que desde la formación vasca valoren este martes la iniciativa.
En Moncloa siempre reconocieron que los nacionalistas vascos defienden su propio texto, con diferencias sobre los plazos para las desclasificaciones, pero con la esperanza de acercar posiciones con el texto definitivo que aprobarán para iniciar su tramitación parlamentaria. Pese a la voluntad de acuerdo, en el Ejecutivo remarcan la necesidad de “equilibrar” la “seguridad nacional” con el derecho de la ciudadanía al derecho a conocer hechos transcurridos tras un determinado periodo de tiempo.
La denominada ley de Información Clasificada busca “dotar al ordenamiento jurídico español de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia”. En su parte expositiva justifica, según se recogió en el anteproyecto, que el “acceso a la información pública y buen gobierno, exigen acometer una actualización del régimen jurídico de la información clasificada”.
Su finalidad, según se añade, “es adecuar el ordenamiento jurídico español a las necesidades actuales y adaptarlo a los estándares internacionales en materia de información clasificada, dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ‘salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas’”.
Reducción de plazos
La norma ya formó parte de primer plan anual normativo de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Desde el PNV, cuando se aprobó en primera vuelta la reforma, llegaron a calificarla de «inaceptable» e, incluso, de supone «un paso atrás”. Respecto a aquel texto, el Gobierno ha reducido en cinco años el plazo máximo de clasificación de documentos.
En el nuevo texto se establecen automatismos de desclasificación, una de las principales cuestiones que habían reclamado los nacionalistas vascos para evitar la discrecionalidad en las prórrogas. De este modo, se prorrogarán hasta 60 años los documentos considerados de “alto secreto”. El plazo de 45 será para los considerados “secretos”, mientras que los confidenciales tendrán un plazo de entre 7 y 9 y los restringidos se reducirá a un periodo de entre 4 o 5 años.
Régimen sancionador
El proyecto de ley también estipula que «la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación». Por otra parte, la norma introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.
Con esta vía, trasladan fuentes del Ejecutivo, «se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión». Asimismo, el derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones.
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