Las grandes eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz colocan la planta en ‘modo cierre’. Iberdrola, Endesa y Naturgy llevan meses intentando abrir una vía de negociación con el Gobierno para retrasar el calendario de cierre de las centrales nucleares, empezando por Almaraz, cuyos dos reactores serán los primeros en desconectarse en 2027 y 2028. Las posiciones de las compañías y el Ejecutivo están tan alejadas de principio y se plantean tantos condicionantes previos que la negociación entre las partes siquiera ha empezado y hay pocas perspectivas de que suceda.
Ante esta situación, Iberdrola, Endesa y Naturgy no tienen intención de adoptar medidas cruciales para el futuro de Almaraz ni para hacer posible que siga funcionando más allá de la fecha prevista. La junta de socios de CNAT -la sociedad que formalmente es la propietaria de la central cacereña- se reunió la pasada semana, pero los tres accionistas abordaron sólo los asuntos ordinarios de gestión de la planta y no se abordó ninguna decisión sobre el futuro de las instalaciones, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto de la situación. “Los socios en CNAT no han tomado ninguna decisión para alargar vida, no se dan las condiciones”, apuntan fuentes del sector.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a las compañías propietarias que deben facilitarle antes del próximo noviembre la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del proceso de desmantelamiento del primero de los reactores. Las propietarias confirman su intención de avanzar en ese proceso y que remitirán toda la información necesaria para progresar hacia el cierre. “CNAT prevé entregar en octubre la documentación que exige el CSN para abordar el cierre previsto en noviembre 2027, dos años antes como pide su normativa del CSN”, confirman fuentes oficiales de la sociedad propietaria de Almaraz, que anticipan que esa información ya está casi preparada.
Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) no tienen en el radar aprobar nuevas inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento. “Los tres socios no pueden tomar decisiones de inversiones que no vayan a ser rentables. Y ahora no lo son”, apuntan fuentes del sector eléctrico, que cierran la puerta a impulsar decididamente en el escenario actual un cambio en las fechas de clausura. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial, las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad. Ante el escenario actual de bloqueo en el debate con el Gobierno sobre el futuro nuclear, los socios de momento apuestan por continuar quemando etapas hacia el cierre de Almaraz como estaba previsto.
El cálculo que se maneja es que serían necesarias inversiones por más de 20 millones de euros simplemente para tener lista la planta por si se retrasa el cierre hasta 2030, tanto para asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente) como para la homologación de todo el personal y para garantizar la seguridad de las instalaciones. La eventual aprobación de estas inversiones podría entenderse como una señal clara al Gobierno del interés de las eléctricas por mantener operativa la central de Almaraz, antes de solicitar formalmente una prórroga de la autorización de funcionamiento más adelante. Una posibilidad que ahora mismo se ha congelado.
Las líneas rojas que plantea el Gobierno para siquiera negociar con las eléctricas una propuesta en este sentido genera tal incertidumbre a las compañías que aparentemente no pretenden dar ningún paso. En principio, las grandes eléctricas se plantean (planteaban) una propuesta consensuada para pedir al Gobierno la ampliación de la vida de la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de retrasar el cierre de los reactores programado para 2027 y 2028. Pero el intento de las tres energéticas de explorar con el Ejecutivo un cambio en el calendario de cierre de las nucleares se encuentra en un punto muerto.
Bloqueo por los impuestos
Tanto el Ejecutivo como las compañías energéticas propietarias de las plantas se han enrocado y se mantienen firmes en sus posiciones maximalistas, con condiciones previas por ambas partes que chocan frontalmente y que incluso dificultan siquiera que se abra un proceso de negociación sobre un eventual aplazamiento de las clausuras previstas. El encontronazo crucial entre ambas partes es sobre la aplicación de una rebaja de impuestos a las nucleares, que las eléctricas exigen para solicitar ampliar la vida de las centrales y el Gobierno rechaza de plano tramitar una eventual petición de las compañías.
El Gobierno y las grandes eléctricas de momento no se han sentado a negociar ningún cambio en el calendario previsto de cierres de las centrales nucleares. Y el Ejecutivo no lo hará hasta que las compañías energéticas hagan una propuesta formal y concreta que cumpla unos mínimos que permita sentarse para empezar a dialogar. La primera condición que plantea el Gobierno a Iberdrola, Endesa y Naturgy es que primero se pongan de acuerdo entre ellas sobre qué hacer con las nucleares y que presenten una propuesta de consenso. Y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen reclama también como condición imprescindible para empezar a hablar que esa propuesta conjunta de las eléctricas garantice que ampliar la vida de las nucleares será seguro, que es necesario para la seguridad de suministro y que no suponga un sobrecoste que tengan que pagar todos los consumidores.
Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP firmaron en 2019 entre ellas y con el Gobierno un protocolo que contemplaba un calendario de cierre progresivo de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035, y también un acuerdo para aplicar de manera inmediata una subida del 20% de la tasa que pagan las centrales para financiar los costes de gestionar sus residuos radiactivos. Las eléctricas entienden que el Ejecutivo ha incumplido ese acuerdo porque el año pasado aprobó la subida de otro 30% de la tasa y que hace aún más inviable la rentabilidad de las centrales por la “alta carga fiscal” que soportan.
“Las compañías firmaron el cierre de las centrales con unas condiciones fiscales y ahora esas condiciones son aún peores, así que cómo van a pedir ampliar la vida de las nucleares con este escenario”, apuntan desde el sector energético. “La situación ha empeorado. Es peor que cuando se firmó el protocolo en 2019. Hay poco que decidir con estas condiciones tributarias”.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos. Desde el sector se alerta de que con este escenario fiscal es imposible asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.
Iberdrola y Endesa remitieron hace un mes una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. La carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, pero no por Naturgy ni EDP. Endesa e Iberdrola también reclamaban en su propuesta una rebaja de impuestos y otras facilidades económicas como condición para la ampliación de la vida de las centrales nucleares. Una exigencia que el Gobierno también rechaza, porque implicaría cargar a los ciudadanos costes que ahora asumen las compañías propietarias de las centrales.
Preparativos para el cierre
Entretanto, el Gobierno toma medidas para reforzar el sistema eléctrico en la zona de influencia de la planta de cacereña. El Gobierno ya prepara el sistema para el escenario posterior a la clausura. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprobado como parte de la modificación de la planificación de la red de alta tensión la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Red Eléctrica de España (REE) en Almaraz, en Cáceres. Un equipo que sirve para controlar la tensión de la red y facilitar inercia al sistema, dos labores que ahora realiza en la zona muy especialmente la propia central nuclear. El Gobierno quiere preparar el funcionamiento del sistema eléctrico en la zona para el escenario en que ya no estará la planta nuclear y que se conectarán muchas más plantas renovables que las actualmente operativas.
En paralelo, Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de residuos radiactivos, avanza en la licitación del primer gran contrato de cara al cierre de Almaraz. La compañía ya estudia dos ofertas presentadas por ingenierías para hacerse con el contrato del diseño de los trabajos del desmantelamiento de la central cacereña, tras haber tenido que ampliar el plazo para recibir propuestas por miedo a que el concurso quedara desierto. La licitación de los trabajos de ingeniería para diseñar el desmantelamiento de Almaraz tiene un coste previsto de 23,37 millones de euros (por lo que superará los 28 millones con impuestos).
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