La Justicia Federal frenó este martes el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores estatales que cumplían tareas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Gobierno nacional recibió un revés judicial que se sumó a una cautelar en su contra y al rechazo de las dos cámaras del Congreso al decreto desregulador que firmó el presidente Javier Milei.
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, hizo lugar a una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la semana pasada que cuestionaba la maniobra de vaciamiento del Gobierno emitida por el Ministerio de Economía.
Además, el fallo dispuso el pago de una multa que asciende a 10 millones de pesos diarios si se incumple la medida dispuesta por el Poder Judicial.
La norma desreguladora disponía que, a partir de su pase a disponibilidad, «el trabajador quedará eximido de concurrir a prestar servicios. Sin perjuicio de ello, deberá estar disponible durante su horario laboral y concurrir a cualquier convocatoria que la Autoridad de Aplicación curse al correo electrónico institucional y/o al domicilio electrónico oportunamente constituido u otro medio de notificación válido».