Córdoba. En medio del escándalo desatado luego de los audios filtrados de Diego Spagnuolo donde habla de coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las investigaciones sobre el organismo han comenzado a generar nuevas polémicas. En los últimos meses, debido a la política “motosierra” de recorte de gastos públicos, se suspendieron en el país 111 mil pensiones no contributivas por invalidez laboral, según reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe ante la Cámara de Diputados.
El problema es que se han detectado serias irregularidades en estas bajas. A nivel nacional, las cifras oficiales son contundentes: de las 997.654 citaciones emitidas, más de la mitad (504.802) no llegaron a destino, lo que representa el 50,59 % del total.
En Córdoba, se estima que al menos cuatro mil personas perdieron su beneficio en las últimas semanas, en muchos casos por fallas en la notificación domiciliaria.
Los beneficiarios denuncian que jamás recibieron la carta documento que los citaba a presentar documentación médica. “Me enteré que me habían dado de baja recién cuando fui a cobrar”, relató uno de los afectados en la puerta de la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Córdoba.
El problema no es aislado. Organizaciones advierten que el mecanismo de citación por carta documento resulta inaccesible, no llega a todas las zonas del país y, en ocasiones, fija turnos a cientos de kilómetros del domicilio real. Además, en muchos casos se otorgaron plazos irrisorios de una semana para presentar certificados médicos.
Un procedimiento bajo la lupa
El desglose provincial revela grandes disparidades. En Chaco, el 79,08 % de las notificaciones no fue entregado; en Formosa y Misiones, los porcentajes rondaron el 74 %; mientras que en Buenos Aires la cifra cayó al 38,26 %.
“Hubo errores y lo estamos investigando. La revisión de las pensiones por discapacidad va a continuar, pero es cierto que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta”, admitieron fuentes oficiales.
Escándalo y auditorías en la ANDIS
Las fallas en el procedimiento se suman al escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS y exabogado personal de Javier Milei, donde reconoce que las auditorías fueron el mecanismo elegido para ejecutar un recorte en las pensiones.
Tras la difusión de esas grabaciones, el Gobierno lo desplazó del cargo, intervino el organismo y nombró a Alejandro Vilches para encabezar una auditoría integral, con el apoyo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Mientras tanto, los reclamos se multiplican. Personas amputadas, niños con síndrome de Down o neurodivergencias, y hombres y mujeres incapacitados para trabajar por accidentes denuncian que dejaron de percibir los cerca de 290 mil pesos mensuales sin aviso previo.
Las irregularidades también alcanzan a los 1.200 centros prestadores del Plan Incluir, muchos de los cuales fueron dados de baja sin notificación, dejando sin terapias ni apoyos a cientos de beneficiarios.
Lo que empezó como un operativo para “depurar” el padrón terminó generando un aluvión de denuncias y sospechas. Ahora, con las auditorías en marcha y el caso en manos de la Justicia, el futuro de miles de personas con discapacidad en todo el país sigue en incertidumbre.