El Gobierno para nada es ajeno a la reunión que este martes mantendrán en Bruselas el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont. Distintos ministros socialistas reconocen que la primera reunión puede ayudar a un acercamiento con los posconvergentes, aunque lo desvinculan de las negociaciones para los Presupuestos. Uno de los miembros del núcleo más cercano a Pedro Sánchez traslada que la primera cita personal entre Illa y Puigdemont es un “reconocimiento” y un “paso”. Todo ello en un contexto en el que el líder de los socialistas catalanes viene reclamando al Supremo que se le aplique la amnistía al líder de Junts para que pueda regresar a Catalunya.
Desde Moncloa no esconden que esta foto puede ser importante para la legislatura, pero por el momento descartan un encuentro entre el jefe del Ejecutivo y Puigdemont a la espera de cómo avancen las conversaciones con los socios sobre las cuentas públicas. Sánchez se comprometió antes del parón estival a presentar las cuentas públicas y de ahí su intención de reunirse con «todos los interlocutores políticos».
Siempre con la duda sobre la imprevisibilidad de los posconvergentes, otro miembro del Ejecutivo destaca lo positivo del encuentro con la convicción de que contribuirá a la “normalización”. Un ejercicio que tilda de sano y constructivo dentro del marco democrático.
El Gobierno pretende acelerar la maquinaria en el arranque del curso político redoblando los gestos a los socios para taponar las fisuras en la mayoría de investidura, principalmente por la crisis de confianza que genera la presunta trama de corrupción por la que ingresó en prisión el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De hecho, este mismo martes se llevará al Consejo de Ministros la aprobación de la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas. Un compromiso adquirido con ERC.
En la parte socialista del Ejecutivo evitan comprometerse en público a someterlos a votación, sacándolos del Consejo de Ministros para iniciar su tramitación en el Congreso. Solo Sumar defiende abiertamente consumar este trámite. Aprobarlos daría oxígeno para consumar la legislatura y permitiría imprimir un acelerón las medidas pendientes del acuerdo de coalición, pero una derrota en el principal proyecto de la legislatura visibilizaría la incapacidad del Gobierno para seguir adelante.
Arranque del curso
Este mes de septiembre será clave para medir la viabilidad de la legislatura. No solo por la pretensión de presentar los Presupuestos, aunque está en el aire la decisión de someterlos a votación si no hay garantías de contar con los apoyos, sino también por la reválida del decreto ‘antiapagones’, tumbado en el último pleno antes del parón estival, y el futuro de las normas estrella que congeló antes del parón estival, como la ley Bolaños para la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal y la reducción de la jornada laboral.
Pedro Sánchez ya ha arrancado el curso político tratando de retomar la iniciativa con la propuesta de un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Entre el decálogo de medidas destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias ante el debate sobre las competencias suscitado entre las comunidades autónomas afectadas por la ola de incendios y el Estado.
Dentro del enfoque basado en la cogobernanza, Sánchez ha destacado la necesidad de crear fondos permanentes, «dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos», para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados y para financiar trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción tras la ola de incendios que este mes de agosto ha asolado más de 330.000 hectáreas.
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