CARACAS.– El régimen de Nicolás Maduro dio, durante las últimas 48 horas, varios pasos en su deriva dictatorial para estrechar el cerco sobre la oposición, que, según las actas electorales, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio pese a que el chavismo se autoadjudica el triunfo.
Por un lado, la Fiscalía de Venezuela abrió el viernes una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado, acusada por el chavismo de “traición a la patria” por “conspirar” con el gobierno de Joe Biden para impulsar en Estados Unidos un proyecto de ley para aislar económicamente más al régimen de Nicolás Maduro.
Por el otro, este sábado por la noche la oposición denunció que efectivos del régimen retomaron el asedio a la embajada argentina en Caracas, donde están refugiados seis cercanos colaboradores de Machado desde hace varios meses. La sede está gestionada por Brasil, luego de que el gobierno de Maduro expulsara a diplomáticos argentinos después de los comicios.
De acuerdo con el relato de algunos de los refugiados, agentes chavistas sellaron el acceso a la embajada, bloquearon la señal de celular y sobrevuelan la sede con drones. No es la primera vez que el régimen de Maduro asedia la embajada. El operativo busca amedrentar a la oposición y es parte de una ofensiva de Maduro por aplastar el disenso luego de que la Justicia Electoral le otorgara el triunfo el 28 de julio sin presentar ni un acta.
Como parte de esa operación, la Fiscalía de Venezuela acusó a Machado -la dirigente que en el último año logró alinear a toda la oposición detrás de ella- de “traición a la patria”. Machado está en Venezuela pero en la clandestinidad por las constantes amenazas de cárcel.
“Los pronunciamientos públicos que la señalada [Machado] ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria”, indicó el Ministerio Público venezolano.
El texto señala, además, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos incurrió en “acciones criminales” que son apoyadas por Machado en la clandestinidad luego de denunciar un masivo fraude en las últimas elecciones presidenciales, y buscan “aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano”.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes pasado el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
Caracas tacha este proyecto de “ataque criminal” ya que considera que viola la Carta de las Naciones Unidas, y “se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales”.
En respuesta a la medida de Washington, el Parlamento venezolano aprobó el jueves la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista”, que plantea la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los venezolanos que respalden sanciones estadounidenses.
Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump –ahora presidente electo– impuso una política de máxima presión contra el gobierno de Maduro con el endurecimiento de las sanciones y hasta el embargo petrolero en un intento fallido de expulsarlo del poder.
Por su parte, la oposición venezolana llamó este sábado a una “enorme” protesta el próximo 1° de diciembre contra Maduro, quien tiene previsto juramentarse en enero tras ser proclamado reelecto entre denuncias de fraude.
“Tenemos que actuar ya, este 1° de diciembre va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos en rojo, con valentía”, dijo Machado en un encuentro virtual con dirigentes y activistas opositores.
Machado también prometió acciones “más firmes, más determinantes” de cara al próximo 10 de enero, fecha en la que se juramenta el presidente de Venezuela.
Machado y el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin mostrar el escrutinio detallado de la votación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores – a cargo de Gerardo Werthein- emitió un comunicado en el que expresó su condena ante “los actos de hostigamiento e intimidación contra las personas asiladas en la Embajada argentina en Caracas, actualmente bajo la protección diplomática del gobierno de Brasil”.
“El despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de nuestra Embajada y otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad que debe garantizarse a las sedes diplomáticas de conformidad con el derecho internacional, así como a quienes han solicitado asilo diplomático”.
En ese sentido, Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional “para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas del país”. De la misma manera, agradeció a la administración brasileña “por representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los locales diplomáticos, y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano”.
“La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto de las normas internacionales y la seguridad de quienes se encuentran en situación de asilo”, finaliza el texto.
Agencias AFP y AP
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