El reciente anuncio del gobierno sobre el arancelamiento de servicios sanitarios y universitarios para extranjeros no residentes ha generado un amplio debate en el país. Esta medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca modificar la ley migratoria para implementar un sistema de cobro a los extranjeros que no residen en Argentina.
La propuesta del Gobierno surge en un contexto de medidas similares ya implementadas en varias provincias, como Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy, donde se ha comenzado a cobrar por la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina.
En el ámbito académico, la medida también permitirá a las universidades nacionales cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, con el objetivo de generar una fuente de financiamiento para las instituciones educativas.
En cuanto a la aplicación de esta medida, el gobierno ha señalado que las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales serán las encargadas de establecer las condiciones de acceso al sistema de salud.
Esto incluye la posibilidad de cobrar por servicios médicos a aquellos que no residan en el país. La experiencia de la provincia de Salta podría servir como modelo para la implementación de estas nuevas medidas a nivel nacional.
En el ámbito universitario, las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, especialmente en carreras como Medicina, donde un 30% de los estudiantes son extranjeros en algunas instituciones.
Datos
Sin embargo, los datos oficiales revelan que los estudiantes internacionales representan solo el 4,3% de la matrícula total en las universidades públicas y alrededor del 3,9% en las carreras de grado. La medida afectaría aproximadamente a 79.800 estudiantes extranjeros en Argentina.
Durante la crisis presupuestaria en el sector educativo, el gobierno había propuesto esta alternativa como una posible solución a los problemas financieros de las universidades, aunque esa propuesta fue descartada en 2023 por el Congreso. El anuncio del Gobierno ha generado resistencia dentro del sector universitario, que cuestiona tanto la viabilidad de los aranceles como la definición de «extranjeros no residentes».
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