El Gobierno vuelve a los equilibrios para intentar recomponer la política de bloques. Frenar el deshielo entre el PP y las derechas catalana y vasca y que no se contagie esta amenaza de política líquida a otros socios progresistas, principalmente Podemos. Al último Consejo de Ministros del año se han llevado varias medidas pactadas con el arco parlamentario a la izquierda del PSOE, como la prórroga de las bonificaciones al transporte, la prohibición del corte de suministros básicos a las familias vulnerables o el impuesto a las energéticas. Por otra parte, se han incluido las cuotas de Junts y PNV con los nombramientos de nuevos consejeros en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
El último Consejo de Ministros del año ha servido también para cumplir con uno de los primeros compromisos a los que se llegó con Junts, antes incluso de la investidura, para recabar su voto a favor de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Se trata de la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, en el marco de dicha comisión de investigación.
La medida, impulsada por el ministerio de Defensa, se ha producido tan solo unos días después de que se realizase esta solicitud por parte del Congreso, pactada con Junts, como había avanzado este diario. Los independentistas siempre exigieron investigar las informaciones sobre que el imán de Ripoll habría sido confidente de los servicios de inteligencia hasta el día de los atentados y esclarecer estos hechos. Los socialistas no estaban al frente del Gobierno cuando sucedieron los atentados, pero recuerdan que el anterior director del CNI, Félix Sanz Roldán, ya dio explicaciones en la comisión de Secretos Oficiales y dio todas las explicaciones pertinentes.
En el plano más simbólico, pero quizá uno de los más importantes para los independentistas catalanes, Pedro Sánchez se comprometió a celebrar una reunión tanto con Carles Puigdemont como con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Algo que ya había garantizado antes, pero que ahora se ha vuelto a subrayar ante esta exigencia pública del expresident. Puigdemont entiende que sin esta foto no hay “amnistía política”, y ante ello Sánchez ha abierto la puerta a que dicha cita se produzca antes de la aplicación de la amnistía por parte de los jueces. Para justificarlo, el jefe del Ejecutivo se ha apoyado durante su comparecencia de balance del año en que la amnistía “a afectos políticos ya se aplica, incluso por parte del PP, que vuelve a votar conjuntamente con Junts”.
El expresident y líder de Junts todavía es prófugo de la justicia y los tiempos de la justicia no casan con los de los Presupuestos. El Gobierno quiere tenerlos como tarde en mazo y no está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva hasta la primavera. De ahí que para allanar la negociación de los Presupuestos, cumpliendo compromisos pendientes, la celebración de dicha reunión fuera de España sería prioritaria.
En Moncloa buscan encarar en mejores condiciones la cuesta de enero, cuando se prevén iniciar las conversaciones formales sobre los Presupuestos y someter a votación en el Congreso dos reales decretos ley. La respuesta a un cierre del año parlamentario marcado por la amenaza de pinza entre PP y Junts, quienes además han elevado el listón exigiendo a Sánchez someterse a una cuestión de confianza, así como la subida del precio por parte de los morados.
En el Ejecutivo aseguran que avanzan en otras negociaciones pendientes con los posconvergentes que ponen como requisito para sentarse a negociar la carpeta de las cuentas públicas, como es el caso de la transferencia de las competencias en inmigración. Sin embargo, reconocen que la última palabra para cerrarlos corresponde a Junts. Mientras, se multiplican los guiños. Este mismo mes de enero está prevista la celebración de una Junta de Seguridad entre la Generalitat y el Ministerio del Interior para que los Mossos asuman las competencias de seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos.
El Gobierno ya pactó con el PNV el pasado mes de julio, en desarrollo de su acuerdo de investidura, “la extensión del ejercicio de todas las funciones policiales de la Ertzaintza a los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca”. En este caso, la Junta de Seguridad, en la que participó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó que la policía autonómica vasca asumiese “como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida”.
Carpetas para enero
Desde el ministerio de Exteriores también se ha priorizado la carpeta para avanzar en el uso del catalán en las instituciones europeas, coincidiendo con la nueva presidencia de turno de Polonia del Consejo Europeo. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, envió recientemente una carta a su homólogo polaco, Radosław Sikorski, para que durante su presidencia de turno en el siguiente semestre se marque como uno de los objetivos el impulso al catalán, gallego y euskera como lenguas cooficiales de la UE.
El jefe del Ejecutivo también se comprometió durante la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado viernes en Santander, a reunir en el mes de enero a las comunidades autónomas para negociar la quita parcial de la deuda. Un acuerdo alcanzado durante la investidura con los independentistas y que se pretende extender a otras comunidades que lo soliciten.
Efecto dominó
La amenaza de que la presión de Junts al Gobierno se extienda como un efecto dominó a otros socios de investidura sigue existiendo y las cesiones en el último Consejo de Ministros del año dan buena cuenta de que Sánchez ha tomado nota. Tanto que ni siquiera ha repetido su habitual argumento de que el PSOE es el único partido capaz de conjugar los apoyos de la mayoría parlamentaria. En su lugar, el jefe del Ejecutivo se limitó a comprometerse a “sudar la camiseta” para rehacer la mayoría de investidura.
Los morados, por su parte, tampoco esconden sus choques con el Ejecutivo, que han ido ‘in crescendo’ hasta el punto incidir en el mensaje de que la diferencia entre socialistas y populares “es ya indistinguible”. Un golpe en la línea de flotación del Gobierno, cuyo pegamento desde la investidura se centra en la falta de alternativa. A las señales de desarticulación del bloque de investidura, se suma una escenificación mayor de las diferencias entre los socios de coalición. La última, a propósito de la reducción de la jornada laboral. El Gobierno afronta una de sus cuestas de enero más duras de los últimos años, con los Presupuestos en el aire, y una exigencia de cuestión de confianza que podría ser la antesala de una moción de censura si no salen las cuentas adelante.