El Gobierno ha diseñado una ambiciosa deducción dentro del impuesto a las energéticas como última tentación para atraer el apoyo parlamentario de Junts y PNV a la prórroga del gravamen en 2025. El real decreto ley aprobado este lunes por el Consejo de Ministros «para para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025» permite a las grandes empresas deducirse hasta el 30% de sus inversiones en transición ecológica con un límite general del 10% del importe del gravamen. Este límite puede llegar al 60% si las inversiones son muy elevadas. Así consta en la redacción de la norma publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque todo apunta a que su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados está condenada al fracaso.
Los nacionalistas catalanes y vascos alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Hacienda a finales de octubre para dejar caer el gravamen extraordinario sobre las energéticas, al considerar que ponía en riesgo las inversiones previstas por Repsol en Tarragona y País Vasco. No obstante, la aritmética parlamentaria del Ejecutivo en el Congreso y la presión de sus otros socios parlamentarios llevó a Hacienda a comprometerse con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogarlo el gravamen durante un año más para, así, salvar la votación del paquete fiscal aprobado hace una semana.
En un intento por contentar a todas las partes, el Ejecutivo ha decidido mantener el gravamen energético un año más, pero ha diseñado una potente deducción a la que se pueden acoger las empresas que hayan realizado inversiones estratégicas, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2025. En el mejor de los casos (si se logra una deducción del 60% del gravamen), las compañías siempre estarían obligadas a pagar el 40% de la cuota anual del gravamen. Desde el PNV ya han criticado que la tasa va contra el Concierto Vasco y que no aceptarán parches: «Si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, revísese el Impuesto de Sociedades», volvió a advertir este lunes la formación política que lidera Aitor Esteban en el Congreso, según recoge Europa Press.
Todo tipo de inversiones
En todo caso, como último intento, el Gobierno plantea en su real decreto ley una amplia deducción. El texto entiende por inversiones estratégicas aquellas que son “esenciales para la transición ecológica y la descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo” que se realicen en «activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales». Y en esa definición cabe casi todo: desde la producción de hidrógeno renovable a la transformación de residuos en productos secundarios o en componentes de combustibles y gases renovables como el biogás o el biometano.
También caben en la deducción los proyectos dirigidos al almacenamiento energético, «y sus posibles infraestructuras de red asociadas, las inversiones asociadas a la cadena de valor nacional y europea, para contribuir a la autonomía estratégica, así como los proyectos de eficiencia energética que permitan la consecución de objetivos tales como los incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como en el Plan RepowerEU», según se explica en el citado real decreto-ley.
Reserva indisponible
A partir de esa definición, las empresas deberán concretar su compromiso firme de inversión mediante la creación de una «reserva indisponible» que deberá ser dotada contablemente con el importe de las inversiones previstas. Los proyectos deberán quedar registrados en un documento denominado Plan de Inversiones Estratégicas para la Transición Ecológica, que tendrá que ser evaluado por el ministerio que dirige Sara Aagesen.
Si la inversión prevista es menor o igual al importe a pagar por el gravamen, las empresas se pueden deducir hasta el 10% del importe de la inversión.
Mientras que, si la inversión prevista es superior a la cuantía a pagar por el gravamen, se pueden deducir hasta el 30% de la inversión, con un límite general del 10% del importe del gravamen. Este límite podría alcanzar un máximo del 60% en caso de inversiones especialmente voluminosas.
Las inversiones deben materializarse en un plazo de dos años desde la dotación contable de la reserva indisponible y los elementos patrimoniales en los que se haya materializado deberán permanecer en funcionamiento durante cuatro años, sin ser objeto de «transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso». La deducción será compatible con otras que afecten al Impuesto sobre Sociedades.
Nueva creación
Más que una prórroga del actual gravamen energético, el real decreto ley crea una nueva figura que tendrán que satisfacer en el ejercicio 2025 (con cargo al negocio de 2024) las empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos.
El motivo de crear un nuevo gravamen y no prorrogar el vigente se dirige a sortear la derogación del gravamen temporal actual introducida por el PP y apoyada por Junts y PNV.
Pero la realidad es que este ‘nuevo’ gravamen se crea a imagen y semejanza del creado en diciembre de 2022: mantiene su naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario y grava con el 1,2% los ingresos obtenidos en España a los operadores principales de los sectores energéticos que tuvieran una facturación superior a los 1.000 millones de euros en 2019. Esto mantiene como potenciales pagadores a grandes energéticas como Repsol, Moeve (antes, Cepsa), BP, TotalEnergies, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Acciona.
Además, el Ejecutivo se compromete, una vez más (ya lo hizo el año pasado sin demasiado éxito), a revisar la configuración del gravamen temporal energético para hacerlo permanente a partir del ejercicio fiscal 2025 y a concertarlo con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. En 2024, el gravamen energético ha permitido una recaudación de 1.164 millones de euros.
Todo esto puede quedar convertido finalmente en papel mojado si, tal como anticipan las manifestaciones de Junts y PNV, no se produce la convalidación parlamentaria del real decreto ley en el Congreso de los Diputados en los 30 próximos días.