La organización ecologista Greenpeace ha denunciado que más de 2,7 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación en España, que ocupan más de 26.000 kilómetros. De ellas, 700.000 habitan en las zonas de mayor riesgo. Además, se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios tres meses después de la dana que impactó gravemente en la provincia de Valencia.
En el estudio, dado a conocer tres meses después de esta catástrofe, la ONG ha pedido a las administraciones que desarrollen estrategias y medidas de mitigación y adaptación. También ha recordado que la región mediterránea es especialmente vulnerable a los eventos de precipitaciones extremas debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y atmosféricos en la zona.
El cambio climático propicia inundaciones como la de Valencia / Efe
Estas son las conclusiones a las que ha llegado en su informe ‘Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas’, publicado este miércoles.
Reducir emisiones para evitar inundaciones
Greenpeace ha insistido en que las administraciones implementen normas para reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2) y que hagan que las corporaciones de combustibles fósiles asuman los costes de las indemnizaciones por inundaciones al ser los «principales causantes del cambio climático».
A su vez, les ha instado a revisar los protocolos y los sistemas de alerta temprana para adaptarlos a la nueva situación provocada por el cambio climático y a elaborar los planes autonómicos y municipales de prevención y adaptación, con «una visión conjunta» de los distintos riesgos climáticos. A su parecer, éstos tendrían que reunir las medidas de adaptación de los distintos ámbitos, priorizar aquellas basadas en la naturaleza y poner el foco sobre los colectivos vulnerables.
Que sean no urbanizables
Asimismo, Greenpeace pide revisar y adaptar de manera obligatoria todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables. Además, ha solicitado que se lleve a cabo la renaturalización de ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces.
El calentamiento global impulsa las inundaciones extremas / Efe
De manera más general, ha destacado que, en su opinión, la adaptación al cambio climático debe proteger a toda la población de forma justa, y contribuir a reducir las desigualdades. En este marco, la ONG ha recalcado que España sigue sin actuar «a la velocidad que la emergencia climática exige» y ha resaltado que las políticas que se apliquen determinarán la gravedad de los impactos del cambio climático, tanto en términos de coste humano como económico.
La responsable de la campaña de adaptación de municipios a eventos extremos en Greenpeace, Elvira Jiménez, ha remarcado que «aún falta mucho por hacer», aunque se esté «a tiempo» de reducir los impactos provocados por el calentamiento global, así como de aminorarlo. «Tan terrible como las consecuencias de lo sucedido en Valencia es saber que se podrían haber tomado muchas medidas para reducir los efectos y, sobre todo, que no estamos ante una catástrofe aislada», ha asegurado.