La asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, ha manifestado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado que desconoce las razones por las que se le ha imputado y que por ello no podía declarar, copiando la estrategia de defensa que empleó Begoña Gómez con motivo de su primera citación ante el Juzgado de Instrucción número 41 el pasado 5 de julio. Tras salir de la sala de vistas, acudió con su defensa para informarse a la secretaría de los Juzgados y más tarde ha regresado ante el magistrado. En el caso de Gómez, ese día la diligencia quedó en suspenso y se buscó otro día para la declaración.
Álvarez ya acudió a los juzgados de instrucción de Madrid como testigo el pasado 20 de diciembre, cuando reconoció ante el juez Juan Carlos Peinado la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le «encantaría» que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Afirmó que lo hizo como «favor» para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda «365 días durante 24 horas al día».
En el auto en el que modificaba su situación procesal –pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid–, Peinado señala que las diligencias hasta ahora practicadas, «en conjunción» con lo que la asistente manifestó como testigo, permitían «colegir su participación» en los delitos tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que abrió causa contra la esposa de Pedro Sánchez.
Otros seis testigos deben comparecer este miércoles ante el juez Peinado Uno de ellos es Alfredo González Gómez, el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno que propuso nombrar a Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la propia Gómez. El resto están relacionados con la financiación del software utilizado en el máster, entre ellos el consejero delegado de Telefónica España, Sergio Oslé, el director ejecutivo de Indra, que aunque no era citado en la providencia del juez es José Vicente de los Mozos, y el director ejecutivo de Google Spain. Igualmente, ha llamado a la interventora de la Complutense, María Elvira Gutiérrez-Vierna y a Blanca María de Juan, que también es trabajadora del centro universitario.