Partidos políticos, asociaciones empresarias y sociales, divididos y sin querer o sin poder pronunciarse, componen una pintura hiperrealista. La designación por decreto presidencial de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia disparó el principio de revelación al que le gusta recurrir Javier Milei para exponer a sus adversarios.
Fue el silencio más que las palabras lo que dejó crudamente expuesta a algunas de las expresiones más rancias de la casta política, empresarial, sindical, universitaria, del derecho y del espionaje nacional. En las sombras, importantes referentes del mundo y el submundo del poder festejaron tanto como los libertarios las excepcionales designaciones.
Los brindis fueron casi exclusivamente a la salud de Lijo, el candidato más objetado y todavía juez federal, en uso de licencia extraordinaria, con quien ellos han construido muy estrechos y recíprocos vínculos personales y funcionales a lo largo de más de dos décadas. Pero no todos jugaron de callados y hubo algunas felicitaciones de miembros de la magistratura y de la abogacía, además de algunos representantes políticos y sectoriales (no solo oficialistas), cuya imagen ante la opinión pública registra pobrísimos ratios de respetabilidad. Lijo restaura lo que Milei dijo que venía a romper. Al menos, hasta que empiece a fallar.
La cuestionable decisión presidencial también permitió que algunos exponentes de la dirigencia nacional aprovecharan la oportunidad para blanquearse ante el hecho consumado, al criticar la designación y derivar la responsabilidad en Milei.
Muchos de ellos ya habían dejado pasar la oportunidad de pronunciarse y, en algunos casos, de evitar que se produjera lo sucedido, que para reputados juristas y expertos es una violación del espíritu de la Constitución y una “preocupante regresión institucional”, como lo definió el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el excamarista Ricardo Gil Lavedra.
Durante casi un año (desde que el Presidente envió los pliegos nunca tratados en el recinto del Senado), una parte importante de senadores peronistas, radicales y de Pro prefirieron esconder su opinión respecto de Lijo a la espera de que el Gobierno consiguiera el número para tratarlo o lo designara por decreto.
Otros avalaron a escondidas el pliego del juez en la Comisión de Acuerdos, como el titular del bloque de senadores radicales, el inefable Eduardo Vischi. Y varios eludieron pronunciarse sobre García-Mansilla. Las transacciones fallidas y el miedo a quedar expuestos (ante la opinión pública o ante un magistrado que tiene el don de enmudecer aún a los más locuaces) llevaron el caso hasta estas instancias.
En lugar de criticarlos, tal vez Milei debería agradecerles que no hubieran tratado y rechazado esos pliegos para dejarle a él la posibilidad de nombrarlos cuando faltaban solo tres días para que se cerrara, hasta dentro de nueve meses, la ventana de oportunidad que forzó para filtrar en el máximo tribunal a dos candidatos que no lograron el acuerdo exigido por la Constitución.
Como otras veces, el Gobierno y varios de sus adversarios terminaron resultando funcionales el uno a los otros. Y viceversa. Aunque nadie sale ileso de esta operación. Se vislumbra un horizonte de disputas judiciales y legislativas, que podrían derivar en un peligroso conflicto de poderes. El remedio para evitar el supuesto riesgo de una parálisis de la Justicia podría resultar mucho peor que la enfermedad.
Este sábado, en la apertura de sesiones extraordinarias, habrá ecos de esta anómala situación. En el discurso del Presidente y en las bancas. Tanto por los muchos asientos que estarán vacíos como en varios de los que estarán ocupados solo para expresar su malestar. Se entiende la preocupación libertaria por acotar la cobertura periodística. Otra vez.
Tal vez los mayores impactados por este episodio hayan resultado, una vez más, el espacio macrista y un sector del empresariado en cuyos senos hay posiciones antagónicas, motivadas por la convicción, la conveniencia o las necesidades (ninguna excluye necesariamente a la otra). Al no poder pronunciarse, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como Pro dejaron expuestas sus divisiones e inconsistencias, que resaltan dado que ambas cuentan con un largo historial de pronunciamientos en demanda de respeto a la independencia de la Justicia y de mayor calidad institucional.
En el caso del cada vez más agrietado y sumergido submarino amarillo hubo dos voces con suficientes motivaciones para exponer la imparable crisis de autoridad que padece Mauricio Macri al impedir la crítica partidaria a la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla.
Uno fue el intendente de Mar del Plata y exjuez federal Guillermo Montenegro, que, en función de la amistad con su expar de Comodoro Py había rechazado, a fin de año, la invitación a la boda de Horacio Rodríguez Larreta, porque este había influido en la senadora Guadalupe Tagliaferri para que no apoyara la postulación de Lijo. No sería solo cuestión de amistad. Sus allegados agregan que el intendente de Pro se entusiasma cada vez que se menciona su nombre como posible reemplazante de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia. El cambio no solo satisfaría ambiciones políticas y profesionales, también serviría para resolver algunas situaciones familiares.
A él se sumó el diputado Diego Santilli, que cada vez vira más al violeta libertario. A las viejas afinidades con Lijo suma ahora sus aspiraciones políticas. Para asegurar la renovación de su banca impulsa una alianza o fusión con LLA sin desdeñar ni ponerse (más) colorado ante una posible absorción por parte del mileísmo. La identidad de Pro no está en sus días de mayor nitidez.
Mientras tanto, se registran nuevas situaciones inusuales. Este jueves, para continuar con las singularidades, el jurista conservador (sobre el que no hubo impugnaciones éticas ni respecto a su idoneidad, sino solo por su posicionamiento doctrinario e ideológico) fue el primero de los dos designados en incorporarse al máximo tribunal, luego de que el presidente de la Corte le tomara juramento, menos de 24 después de anunciada la decisión. García-Mansilla, que llega para cubrir la segunda vacante del tribunal, producida el 27 de diciembre pasado por la jubilación de Juan Carlos Maqueda, ni siquiera había conseguido las nueve firmas necesarias para obtener dictamen de comisión. A diferencia de Lijo, que venía a llenar un sillón vacío desde el 30 de septiembre de 2021, cuando renunció Elena Highton.
Como si faltaran peculiaridades, al cuestionado juez, cuyo pliego sí logró avanzar en la comisión de acuerdos, lo dejaron en la sala de espera hasta la próxima semana, ya que quienes serían sus pares, al menos por un año, no tienen posición unívoca respecto de que haya pedido una licencia extraordinaria y no haya renunciado al juzgado federal, lo cual es cuestionado por destacados juristas.
Es esa otra señal de que la decisión de Milei no cierra sino que agrava discusiones, así como refuerza la percepción de fragilidad institucional que la ciudadanía tiene, como muestran las encuestas, y pone en alerta a inversores extranjeros. La demandada seguridad jurídica por parte de quienes ponen en juego patrimonio, libertades y garantías quedó un poco más en deuda.
Tal vez nada resuma mejor la situación e identifique con mayor precisión a quiénes más celebraron la designación de Lijo que la frase con la que el senador por Córdoba Luis Juez le explicó a Milei su oposición a votar el pliego. “Más que juez y abogado, Ariel Lijo y su hermano Alfredo son exitosos emprendedores. Tienen una fábrica de bidets para limpiarles el traste a políticos y empresarios corruptos”, le dijo el ocurrente legislador al Presidente, de quien está cada vez más cerca y al que defiende en el Congreso y en los medios, donde suele lograr picos de rating.
Juez no es el único que considera a Lijo un garante de “la casta” y un oído atento a lo que dicen saber los muchos espías oficiales y paraoficiales que abundan en el país. Aunque esos otros no se animan a expresarlo en público con su nombre y apellido.
Ese temor lo graficó, como pocos, un senador opositor con aspiraciones políticas y vínculos en el Poder Judicial de la Nación y de su provincia, que en otros casos ha mostrado audacia. “Yo no anticipé mi posición sobre Lijo y esperé hasta el final, porque si lo apoyaba iba a defraudar a muchos de mis votantes. Y si decía que me iba oponer, quedaba expuesto a represalias, tanto si él llegaba a la Corte, como si no llegaba y seguía siendo juez federal. Tiene demasiado poder y demasiada influencia. Yo no tengo ni una denuncia, pero no tengo ganas de que me inventen una causa”, explicó la fuente con pedido de absoluta reserva de su identidad. Aunque resulte obvio, vale recordar que habla de quien está a un paso de incorporarse al máximo tribunal, responsable último de la vigencia de las garantías constitucionales. Si eso teme un legislador nacional que goza de fueros, ¿qué queda para los simples ciudadanos?
Para agregar curiosidades inquietantes, varios referentes del oficialismo también prefieren callar respecto de los hombres (y ninguna mujer) que el Presidente impuso en la Corte. Muchos se escudan en la ignorancia, otros en la fe (en su líder) y otros en las prestaciones que le darían al Gobierno, a pesar de que tengan reservas sobre todo respecto de Lijo, ya que García-Mansilla, al menos hasta que emita su voto en la Corte, reúne los requisitos para satisfacer el paladar libertario.
El argumento expresado por el gurú Santiago Caputo para justificar las designaciones sigue siendo el santo y seña de libertarios que fruncen el ceño y necesitan algún atajo moral para apoyarlas. “Lijo y García-Mansilla nos ayudarán a tener gobernabilidad, ante la falta de número en el Congreso para sacar leyes y la existencia de jueces que ideológicamente están en contra nuestra o que fallan según sus intereses”, es la explicación que los conforta.
En estos días complicados, con escándalos que tocan el vértice del poder que conforman los hermanos Milei, voceros y dirigentes del oficialismo prefieren no exponer el otro argumento que esgrimió el Presidente: el “conocimiento” de Lijo del funcionamiento y los actores del Poder Judicial. Si el criptogate caló en la opinión pública y en votantes (no fanáticos) de Milei, otros episodios de fuerte impacto en la opinión pública repusieron la muy mala imagen que dice tener de la Justicia la mayoría de los ciudadanos, como para ubicarla en los escalones más bajos.
La indignación provocada por el cruel asesinato de Kim Gómez, la niña arrojada por dos delincuentes del auto que estaban robando en La Plata, estalló cuando se supo que uno de ellos había sido detenido y liberado casi de inmediato después de otro robo. Inseguridad, corrupción y falta de justicia van de la mano.
La mayoría de los ciudadanos no distingue entre justicia ordinaria y federal. Pero sufren sus deficiencias (muchas veces) en carne propia, a manos de delincuentes no condenados. Y se indignan cuando algunos poderosos resultan impunes por la morosidad, inacción o aparente venalidad de ciertos magistrados.
Si uno de los jueces más conocidos, más representativo de lo más rancio del Poder Judicial y más cuestionado por su actuación judicial, su patrimonio y sus vínculos llega a la cima de uno de los tres poderes de la república, es fácil imaginar cuál será la opinión sobre el estado de las instituciones. La casta goza de buena salud y festeja. En silencio y en las sombras.
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