El choque entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la Junta de Andalucía por la línea de ayudas a los jóvenes para el uso gratuito del transporte metropolitano y del urbano de competencia autonómica llegará a los tribunales. La Junta de Andalucía ha encomendado a sus servicios jurídicos que recurra la decisión del Ministerio de retirar esta línea de subvenciones debido a un incumplimiento por parte de la Consejería de Fomento de la obligación de difundir que esta medida tenía financiación estatal.
«No vamos a permitir que juegue con la dignididad de los andaluces ni más chulerías del ministro Puente. Se va a encontrar con el pueblo andaluz y con el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Vamos a dar la batalla y vamos a defender a los jóvenes con uñas y dientes y la dignididad de los andaluces», explicó la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno, Carolina España, abriendo así una línea más en la confrontación con el Gobierno de España «por los agravios» a la comunidad autónoma.
El conflicto parte de una orden ministerial que ofrece a comunidades autónomas y ayuntamientos la posibilidad de acceder a financiación estatal para aplicar un transporte gratuito a los menores de 14 años y para reducir con carácter general el billete al menos en un 40%. Son medidas que entrarían en vigor el 1 de julio. La Junta de Andalucía solicitó ambas líneas para que se pudieran beneficiar los usuarios de las líneas de autobuses del Consorcio, los Metros, los ferrys o los tranvías de carácter interurbano.
Sin embargo, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en la nota de prensa pública que difundió para informar sobre estas nuevas líneas destinadas al transporte público mencionó la participación del Ministerio en la reducción del 40%, pero no en la gratuidad para los menores de 14 años que financia en un 100% el Gobierno de España.
La airada reacción pública del ministro se completó posteriormente, el martes, en un escrito en el que formalmente comunicaba la retirada de la ayuda para los menores por incumplir sus bases. Sí se mantiene sin embargo la participación del Gobierno de España en la reducción de la tarifa general en un 40%.
1,2 millones de afectados
Según los datos de la Junta de Andalucía la paralización de esta medida afectaría a 1,2 millones de andaluces que dejarían de poder usar gratis el Metro o las líneas de autobuses del Consorcio Metropolitano. Y, de momento, esta situación sólo se podrá enmendar en los juzgados. El Ministerio no tiene planes de revocar su decisión, y la Junta no se plantea asumir el coste con recursos propios y aplicar una iniciativa que legalmente puede asumir al ser de su competencia. «Sería aceptar un atraco más a la Junta como las entregas a cuenta y tantos otros agravios que se producen con Andalucía desde el Gobierno de España».
De momento, aunque en el choque entre administraciones el ministro Óscar Puente comparó a la Junta de Andalucía con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no hay ningún otro procedimiento similar al andaluz abierto con otro territorio autonómico por incumplimiento de la obligación de informar de la participación del Estado.
La Junta de Andalucía no ha remitido ninguna disculpa ni rectificación al Ministerio por el comunicado ya que su línea de argumentación se basa en restarle importancia a las palabras de la consejera y subrayar que sí aparece el Ministerio en la comunicación oficial al referirse a la reducción del 40%. «No tenemos ningún problema en decir que tienen financiación estatal», apuntó.