La batalla del Gobierno contra el fraude en el sector de los hidrocarburos se juega en dos frentes y también va a dos velocidades. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha intensificado la expulsión del sector de las tramas de empresas pirata que no cumplen la normativa en el negocio de las gasolineras. Por otro, el Ministerio de Hacienda aún trabaja en el desarrollo normativo obligatorio para levantar un nuevo escudo para poner coto al millonario fraude del IVA, que se aprobó ya hace siete meses, el pasado diciembre, pero que sigue sin activarse.
El sector de las gasolineras se ha visto golpeado en los últimos años en España por un fraude masivo en la venta de combustibles. Las grandes petroleras llevan tiempo denunciando la entrada del “crimen organizado” a través de empresas pirata que revientan el negocio tirando los precios gracias a eludir el pago de impuestos y de otros recargos obligatorios. Entramados empresariales con múltiples intermediarios y testaferros que van cerrando sociedades cuando son descubiertas y reanudan su actividad fraudulenta con otro nombre. Y aunque la actividad ilícita se ha moderado en los últimos meses, sigue siendo un motivo de alta preocupación para las compañías del sector.
Tramas corruptas han estado reventando el sector con estas prácticas de competencia desleal y provocando un agujero milmillonario a las arcas públicas. Las cifras que manejaban las asociaciones empresariales del sector petrolero apuntaban a que el fraude a momentos ha llegado a extenderse tanto como para afectar al 25% de todas las ventas y hasta implicar a unas 1.200 gasolineras (una de cada diez estaciones de servicio del país). El roto por las actividades fraudulentas superó en 2023 los 1.000 millones de euros anuales por el impago del IVA y alcanzó los 580 millones por el impacto de las certificaciones de carburantes. Fuentes del sector energético apuntan a que el año pasado el agujero rondó los 2.000 millones de euros en su conjunto.
El fraude en la venta de combustibles ha empezado a frenarse, por un lado, por el enorme foco mediático generado en torno a estas prácticas irregulares tras la detención e imputación en un presunto fraude millonario de hidrocarburos de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama de corrupción del denominado ‘caso Koldo’; por otro, por el endurecimiento de la guerra abierta por el Gobierno contra las tramas de empresas pirata mediante la inhabilitación de grandes operadores petrolíferos.
De la ‘trama Aldama’ a la lista de grandes morosos
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprobado en menos de un año la inhabilitación definitiva de 21 grandes operadores mayoristas de hidrocarburos por faltas graves en su actividad, según se ha ido publicando en el BOE en los últimos meses. Y el Ejecutivo prepara otra ola de suspensiones totales de empresas con actividades irregulares, y ya ha resuelto la inhabilitación temporal de otros tres grupos del sector por no contar con los requisitos para poder operar o por incumplimiento de las obligaciones legales en relación al uso de biocombustibles. Un paso previo al que previsiblemente le seguirán inhabilitaciones definitivas para estas compañías.
Entre las compañías suspendidas de manera definitiva figura el grupo Villafuel, que es la sociedad del escándalo de la trama presuntamente corrupta vinculada a Víctor de Aldama. Algunas de las empresas inhabilitadas por Transición Ecológica figuran ahora también entre los principales deudores con Hacienda recogidos en la última lista de grandes morosos elaborada por la Agencia Tributaria, como Metaway Combustibles (con una deuda tributaria de 195,8 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Bio-Zenite Energy (153,4 millones) o Biomar Oil (119,1 millones), I-ManchaMadrid (92,7 millones) o Martankship (80,3 millones), entre otras sociedades.
Un escudo ‘antifraude’ que no llega
El Gobierno sacó el pasado diciembre sacar adelante paquete fiscal exigido por la Unión Europea, y en el que se incluyeron varias medidas reclamadas insistentemente desde el sector para frenar el fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos, especialmente el vinculado a los impactos del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El Ejecutivo aprobó los medidas, pero más de siete meses después siguen sin entrar en vigor a la espera de que el Ministerio de Hacienda publique dos órdenes ministeriales imprescindibles para activarlas.
El objetivo fundamental de las reformas es acabar con los denominados ‘missing traders’, las tramas empresariales que compran hidrocarburos en los depósitos fiscales del sector (con un IVA asimilado al de la importación) para después revenderlo cobrando el impuesto pero sin luego ingresarlo a la Agencia Tributaria. Unas compañías fantasma que delinquen con estos impactos y desaparecen rápidamente cuando es detectado el fraude por Hacienda.
Para evitar estas prácticas el paquete fiscal aprobado contempla que los empresarios que extraigan gasolina, gasóleo o biocarburantes de estos depósitos fiscales declaren el IVA cada mes, para poder controlar las operaciones casi en tiempo real. Y las compañías que extraigan de los tanques los hidrocarburos han de tener la condición de operador económico autorizado por la normativa aduanera o de operador confiable, haciéndose además garante del pago del impuesto correspondiente a la futura venta. Y como medida de seguridad adicional, se asigna a los propios titulares de depósitos fiscales una responsabilidad solidaria del pago de la deuda tributaria cuando autoricen indebidamente la extracción del producto.
El paquete fiscal fue aprobado de manera definitiva a finales de diciembre por el Congreso de los Diputados. Pero la aplicación de las medidas contra el fraude de los hidrocarburos no era inmediata a la espera del obligatorio desarrollo normativo. El Ministerio de Hacienda aún debe emitir dos órdenes ministeriales para hacer efectivo el desarrollo de los cambios introducidos.
El departamento de María Jesús Montero ha realizado procesos de consulta pública para recabar alegaciones del sector, ahora debe analizarlas y trasladar una propuesta definitiva a los órganos consultivos antes de poder sacar adelante las órdenes. El desarrollo normativo sigue sin concretarse, ante la impaciencia del sector de los hidrocarburos, que exige más celeridad. Fuentes de Hacienda apuntan a EL PERIÓDICO que no sucederá previsiblemente hasta el próximo noviembre o diciembre como muy tarde.
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