El pasado viernes se llevó a cabo la audiencia temática N.º 17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centrada en el uso de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba. El encuentro, realizado de manera virtual, fue presidido por el titular de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, y reunió a representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial cordobés y del Estado nacional.
Durante la audiencia, el coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Wilfrido Pérez, aseguró que los Juzgados de Control en Córdoba capital y las principales ciudades del interior ya dictan todas las prisiones preventivas en forma oral, en causas por delitos cometidos en flagrancia o cuasiflagrancia. Solo restan algunas sedes del interior, que implementarán este sistema en los próximos meses.
Pérez explicó que esta transformación forma parte de la Ley 10.366, cuya ejecución había sido postergada por la pandemia. Aseguró que, superada esa etapa, se avanzó con un “férreo compromiso” para adaptar el procedimiento a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
También detalló que la prisión preventiva en Córdoba tiene un plazo máximo de dos años, con la posibilidad de extenderse un año más solo en causas complejas. Según datos presentados por el funcionario, al 30 de junio de 2025 había en la provincia 15.590 personas privadas de la libertad, de las cuales 9.962 tienen condena firme y 5.628 están procesadas. Esto representa un 66?% de personas condenadas y un 34?% en prisión preventiva.
Además, Pérez destacó que la provincia promueve medidas alternativas al encarcelamiento preventivo y cuenta con un programa para adultos basado en el paradigma de la justicia restaurativa.
Por parte del Ministerio Público Fiscal participó la fiscal adjunta Bettina Croppi, quien también respaldó el proceso de oralización de las prisiones preventivas. Subrayó que no hay delitos que impongan la prisión preventiva de forma automática, sino que esta se dicta ante riesgos procesales como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Croppi se refirió, además, a los juicios abreviados, aclarando que el acuerdo de pena es previamente consensuado entre fiscal y defensor, y que el juez de garantías se encarga de verificar en audiencia oral que el imputado haya prestado un consentimiento libre e informado.
Por último, se informó que la Provincia de Córdoba tiene un plazo de 30 días para enviar información complementaria a la CIDH sobre los puntos tratados durante la audiencia.