La Policía Nacional de Ecuador decomisó un «significativo cargamento» de explosivos destinados a «actos terroristas« y detuvo a dos ciudadanos nacionales. A la altura de la frontera con Perú, los uniformados detectaron un camión que transportaba 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante.
Así lo informó el cuerpo de seguridad en su cuenta de X, al señalar que durante un control rutinario en la localidad de San Gabriel, en la provincia norteña de Carchi (fronteriza con Colombia), los ocupantes del vehículo tipo camión, un hombre y una mujer, transportando material explosivo, mostraron comportamientos sospechosos.
La Policía aplicó «técnicas de perfilamiento», lo que permitió detener el camión y descubrir el cargamento oculto. Así pudo determinar que el material se trasladaba desde la provincia de El Oro, en el suroeste del país y limítrofe con Perú, con destino a Carchi, donde presuntamente sería usado por grupos armados en la ejecución de actos terroristas.
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Además del decomiso de los explosivos y del vehículo, incautó también los celulares de los detenidos, lo que forma parte de las pruebas que podrían esclarecer la ruta del cargamento y su posible uso. Los implicados fueron identificados como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., ambos de nacionalidad ecuatoriana.
Durante la investigación, las autoridades buscan determinar si el cargamento está vinculado a grupos armados al margen de la ley, en el marco del estado de «conflicto armado interno» que rige en Ecuador desde 2024, decretado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales.
Cómo se vincula este caso con los atentados previos en Colombia
La incautación de este material explosivo adquiere relevancia luego de los atentados ocurridos en Colombia entre el 20 y el 23 de agosto de 2025, que dejaron al menos 19 muertos y cerca de 60 heridos, entre miembros de la fuerza pública y civiles. A las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente al Estado Mayor Central y al Frente 36 del mismo Estado Mayor, grupos que se niegan a acatar el acuerdo de paz suscripto en 2016 y mantienen una activa postura armada en contra del Estado colombiano.
A lo largo de la mañana del 20 de agosto, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado mediante un dron cargado de explosivos mientras se ejecutaba una operación de erradicación de cultivos ilícitos de coca, lo que derivó en la muerte de 13 agentes y varios heridos. Después, en la ciudad de Cali, un camión bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, causando la muerte de seis civiles y dejando más de 70 personas heridas.
La condena del presidente Gustavo Petro fue contundente: calificó estos actos como «terroristas» y señaló que son una respuesta de los rebeldes a los operativos en la zona del Cañón del Micay, región estratégica del departamento del Cauca donde el Ejército Nacional busca recuperar el control para desarticular redes del narcotráfico y violencia armada. A su vez, las autoridades identificaron a los responsables directos de los atentados: dos miembros del Frente Jaime Martínez, adscripto al Estado Mayor Central, acusados de homicidio agravado con penas de hasta 50 años de prisión.
Además, el Clan del Golfo fue señalado públicamente por su participación en algunas operaciones logísticas. De hecho, estos grupos armados cometieron decenas de ataques recientes, incluyendo el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y continúan operando activamente en diversas regiones del país.
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