La Plata. La investigación por la muerte de pacientes tras haber recibido fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma, avanza con fuertes revelaciones que comprometen a exfuncionarios del área de control de medicamentos y exponen graves falencias en los organismos de fiscalización del Estado.
El 13 de mayo, un día después de que la ANMAT —dirigida por Nélida Agustina Bisio— denunciara los primeros casos, el juez federal Ernesto Kreplak tomó declaración a la entonces titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. La exfuncionaria admitió que desde noviembre de 2024 el Laboratorio Ramallo S.A., proveedor exclusivo de HLB Pharma, “no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación” y, por lo tanto, no estaba en condiciones de elaborar medicamentos.
Sin embargo, el 18 de diciembre de ese año la planta ubicada en Ramallo produjo el lote 31202 de fentanilo que resultó contaminado con dos bacterias, el mismo que luego llegó a hospitales y clínicas.
Deficiencias graves en los controles
Los informes de inspección detallaban irregularidades como:
– Prácticas inadecuadas de control de esterilidad.
– Exámenes deficientes para verificar ausencia de microorganismos.
– Documentación incompleta.
– Falencias en la trazabilidad de ampollas.
A pesar de estas observaciones, el laboratorio continuó su actividad hasta febrero de 2025, cuando la ANMAT recién ordenó la suspensión, casi dos meses después de las primeras advertencias. Para la Justicia, esta demora fue clave en la cadena de responsabilidades.
Allanamientos y secuestro de pruebas
El lunes pasado, Kreplak dispuso siete allanamientos simultáneos en domicilios de funcionarios y exfuncionarios de la ANMAT y del INAME, así como en sus sedes centrales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los investigados figuran Bisio, Mantecón Fumadó, y directores de fiscalización e inspección del organismo. Los procedimientos incluyeron el secuestro de documentación, computadoras y teléfonos celulares.
El Ministerio Público Fiscal, en un dictamen de 79 páginas, advirtió sobre “la ineficiente tarea de contralor” entre 2018 y 2025 y sostuvo que esa falta de acción “colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible”. Además, remarcó que las omisiones estatales “lesionaron la confianza de los usuarios del sistema sanitario” y vulneraron el mandato constitucional de protección de la salud pública.
Testimonios bajo la lupa
La declaración de Mantecón Fumadó cobra especial relevancia, ya que reconoció que el laboratorio estaba notificado de las irregularidades, pero omitió mencionar que la planta fabricó el lote contaminado semanas después de la inspección. Esa contradicción podría complicar su situación judicial.
Por su parte, Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio y uno de los 17 imputados, aseguró que en enero de 2025 se reunió con Bisio en la ANMAT y que la funcionaria le dio su visto bueno a pesar de las irregularidades ya detectadas.
Un escándalo en expansión
La causa judicial, que ya cuenta con siete detenidos, sigue sumando pruebas y testimonios que apuntan a posibles responsabilidades por omisión, complicidad o connivencia de autoridades sanitarias. Mientras tanto, peritos analizan el contenido de los dispositivos secuestrados y registros internos de la ANMAT para determinar el alcance de las fallas en los controles.
El caso del “fentanilo mortal” expone una trama de negligencias que derivó en un grave daño a la salud pública y que podría abrir un capítulo de consecuencias penales para varios exfuncionarios.