La red social estadounidense X (antes Twitter), propiedad del empresario de origen sudafricano, Elon Musk, pagó al Gobierno de Brasil multas por 28,6 millones de reales (unos 5,23 millones de dólares) y pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) volver a operar en el país, tras más de un mes de suspensión, informó la prensa brasileña.
Abogados de la firma comentaron a TV Globo y al diario «Folha de Sao Paulo» que X entregó al STF los comprobantes de pago de las multas impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes, luego de que la plataforma no nombró a un representante legal en el país sudamericano, en medio de una investigación de usuarios por diseminar noticias falsas y alentar un presunto golpe de Estado.
Musk retiró la plataforma en Brasil el 30 de agosto pasado, sin embargo, cambió de postura luego de que Starlink, su empresa proveedora de internet satelital, comenzara a sufrir problemas operativos en Brasil, además de que por orden de Moraes se congelaron fondos como parte del pago de las deudas de la red social.
Hay que tener en cuenta que el pasado 20 de septiembre, la red social designó finalmente a la abogada Raquel de Oliveira como representante legal de la empresa en Brasil, luego de que el juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, fijara un plazo de 24 horas para concretar el nombramiento. La Justicia impuso esta exigencia a Elon Musk como condición para que pueda volver a operar, tras el bloqueo establecido hace algunas unas semanas. El ultimátum se dio luego de que el magistrado multara a X por el monto de 830.000 euros y Starlink, también dirigida por Musk, por desobedecer la prohibición de operar en el país.
Otro de los requisitos que X debó cumplir, además de la cancelación de la multa interpuesta por la Justicia brasileña, fue la de bloquear las cuentas relacionadas con el asalto al Congreso de enero de 2023.
Por qué el Tribunal Supremo de Brasil había suspendido a la red social X
A principios de septiembre, la primera sala del Tribunal Supremo de Brasil ratificó por unanimidad la decisión cautelar que suspendió los servicios de la red social X en el país, debido a reiterados desacatos del magnate Elon Musk a diversas sentencias de ese tribunal.
Los cinco magistrados se pronunciaron en forma virtual a favor de la suspensión de X, que entró en vigor gradualmente desde la madrugada del pasado sábado y se mantendrá hasta que la red social cumpla «todas» las decisiones de la corte, que «valen para todas las empresas que operan en Brasil», según la sentencia.
El primer voto fue del instructor del caso, Alexandre de Moraes, a quien Musk califica de «dictador» e insulta desde hace meses en la propia X, después de que ordenó suspender decenas de perfiles en esa plataforma, en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.
Ninguna de esas órdenes fue cumplida y Musk llegó a retirar del país a sus representantes legales de Brasil, sobre quienes aseguró que estaban bajo amenaza de ser encarcelados por De Moraes.
En su voto, respaldado por los otros cuatro magistrados de la sala, De Moraes citó los «reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas» impuestas por el tribunal a la empresa de Musk y calculadas en total en unos cuatro millones de dólares.
Según el magistrado, eso tendría la intención de «instituir un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’» y facilitar «la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales», mediante una «masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos».
Musk reaccionó a la medida en X. «¡Viva la Democracia! ¡Viva Brasil Libre!», escribió en portugués el magnate.
La decisión adoptada por el Supremo se enmarca en la intención de las autoridades judiciales de impedir que la campaña para las elecciones municipales sea inundada de noticias falsas, como ocurrió en las presidenciales de 2018, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección.
En ese proceso electoral, fueron desactivados por orden judicial cientos de perfiles en diversas plataformas, en muchos casos por la difusión masiva de ataques contra las instituciones democráticas, atribuidos en su gran mayoría a la extrema derecha.